Declarado de Interés Público
Después de varias modificaciones en el proyecto y el cambio de Gobierno, la Junta de Andalucía declaró el proyecto "viable" en 2020. El pasado 3 de marzo, el Ayuntamiento de Níjar, gobernado por el PP con apoyo de Vox, dio el visto bueno a la actuación, iniciando así la fase de información pública para que se puedan presentar alegaciones durante un mes.
El permiso de la administración andaluza permite la construcción del hotel bajo dos condiciones: que obtenga el permiso para utilizar agua depurada en el riego de sus jardines y que el proyecto sea declarado de interés público. Este último paso, el más complejo y definitivo, depende ahora del Ayuntamiento de Níjar y se espera que se concrete una vez finalicen los trámites administrativos.
Impacto ambiental cuestionado
La plataforma "Genoveses sin hotel" y el "Grupo Ecologista Mediterráneo" temen que la iniciativa abra la puerta a la construcción de más hoteles en una zona en la que se calcula que existen medio centenar de cortijos en ruinas con características similares. "Ahora mismo, cualquiera que tenga una ruina ya está pensando en construir un hotel", sostiene José Rivera, miembro del Grupo Ecologista Mediterráneo.
Greenpeace subraya también en su informe "A toda costa 2024" el "peligroso precedente" que supone este proyecto hotelero. La organización ecologista asegura que el establecimiento "supondrá una presión sin precedentes en una de las playas mejor conservadas de Andalucía" y lo pone como ejemplo de gran impacto medioambiental junto al hotel del Algarrobico y el desarrollo "Macenas Mediterranean Resort" en Mojácar.
El hotel sigue adelante
Pese a las críticas y el rechazo social, el proyecto sigue adelante y está más cerca que nunca de hacerse realidad. El concejal de Urbanismo, Manuel Herrero, asegura que el proyecto cumple todos los requisitos administrativos y legales para ser admitido a trámite.
La portavoz de la plataforma "Genoveses sin hotel", Celine Feutry, cuestiona cómo se puede permitir el uso turístico del cortijo en un suelo rústico que, según la normativa urbanística, "solo contempla el uso agroganadero y actividades de educación ambiental". "Lo que dijo el concejal realmente no respondió a mi cuestión, pero sirve para demostrar que no se atreven a hacerlo", explica Feutry.