El CGPJ recibe la primera queja por la exclusividad del PP en las acusaciones del caso Ábalos

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha recibido la primera queja por la decisión del magistrado Leopoldo Puente, instructor del Tribunal Supremo, de otorgar al Partido Popular (PP) el control exclusivo de las acusaciones populares en el caso Ábalos. Los abogados Alexis Aneas e Inmaculada Jaén, representantes de la asociación Liberum, han presentado un escrito ante el órgano de gobierno de los jueces para protestar contra la decisión del magistrado, quien el pasado jueves les impidió asistir a la declaración de José Luis Ábalos, exministro de Transportes, y les comunicó que no podrán acudir a ningún interrogatorio ni recibir notificaciones sobre el procedimiento.

Tendencias El PP asume el control de las acusaciones en el 'caso Ábalos' y el PSOE se queda fueraEl Consejo General del Poder Judicial recibe la primera queja por la decisión del juez de otorgar al PP el mando de las acusaciones populares en el 'caso Ábalos'. El PSOE se opone a la decisión, pero el PP alega dudas sobre su responsabilidad en el caso.

Unificación de acusaciones populares y restricciones impuestas

El pasado miércoles, el juez Leopoldo Puente unificó a las siete acusaciones populares personadas en la causa y concedió la dirección letrada al PP por ser el primero en personarse. Sin embargo, en su resolución no mencionó que el resto de acusaciones no pudieran acudir a las declaraciones o dejar de recibir las notificaciones. El jueves, tras acudir al alto tribunal para escuchar la declaración de Ábalos, el magistrado les comunicó que solo el representante del PP podría asistir y que toda la documentación se enviaría únicamente a los populares.

Tendencias El Supremo anula la declaración voluntaria de Ábalos y rechaza aplazarlaEl Tribunal Supremo ha anulado la declaración voluntaria de José Luis Ábalos, exministro de Transportes, en el caso que investiga su implicación en el supuesto tráfico de influencias. El juez rechaza aplazarla pese a la petición del exdirigente socialista.

Vulneración de derechos y defensa limitada

Los abogados de Liberum consideran que esta restricción vulnera derechos. "No se ha fundamentado en norma procesal alguna", exponen en la queja enviada al CGPJ. "La unificación no debe, en ningún caso, impedir ni menoscabar el legítimo derecho de ejercer la acusación popular". Los abogados insisten en que estas limitaciones "impiden la defensa en el libre ejercicio de la abogacía".

Oposición del PP a la personación del PSOE

Paralelamente, el PP se ha opuesto a que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) se sume a las acusaciones populares en la parte del caso Ábalos que se tramita en la Audiencia Nacional, inicialmente conocida como caso Koldo. El juez Ismael Moreno, instructor en la Audiencia, aceptó la personación de los socialistas, pero los populares han mostrado su rechazo al considerar que su posición "podría estar en entredicho". El abogado del PP, Alberto Durán, pregunta en un escrito: "¿Podría el PSOE tener responsabilidad penal/civil en la causa especial seguida ante el Tribunal Supremo y, al mismo tiempo, ser acusación popular en esta causa?".

Tendencias María Jesús Montero niega irregularidades y defiende a sus colaboradores ante la comisión del caso ÁbalosLa ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido a su jefe de gabinete y al secretario de organización del PSOE ante la comisión del Senado que investiga el caso Ábalos. Montero ha negado las acusaciones de corrupción y asegura que "pone la mano en el fuego" por la inocencia de sus colaboradores.

Investigación de las declaraciones de María del Carmen Pano Sánchez

Por otra parte, el juez Ismael Moreno ha dictado un auto descartando, por el momento, llamar a declarar a la empresaria María del Carmen Pano Sánchez y a su hija, Leonor María González Pano, como habían solicitado las acusaciones ejercidas por el PP y el partido Iustitia Europa. González Pano era administradora única de Have Got Time SL, una mercantil utilizada para adquirir un chalé en La Línea de la Concepción (Cádiz) para el entonces ministro José Luis Ábalos. Según la Guardia Civil, la vivienda se adquirió a petición del comisionista Víctor de Aldama, pieza clave en el supuesto amaño de contratos para la compra de mascarillas durante la pandemia.

Pano Sánchez declaró en octubre a un medio digital que en 2020 había llevado dos bolsas con un total de 90.000 euros a la sede federal del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, para que la empresa Villafuel SL obtuviera la licencia de operador de hidrocarburos. Villafuel SL es el epicentro de un fraude en el IVA de los combustibles que investiga otro juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. Tanto Pano Sánchez como su hija están bajo sospecha en este segundo sumario, donde también figura implicado Aldama.

El magistrado señala, en línea con la Fiscalía Anticorrupción, que las afirmaciones de Pano Sánchez en el medio de comunicación contradicen un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil elaborado a partir de información obtenida de dispositivos electrónicos intervenidos a los investigados en el caso Koldo. Por ello, encarga a los agentes que "verifiquen si en los dispositivos telefónicos y digitales intervenidos existe algún dato que permita corroborar las manifestaciones efectuadas" por Pano Sánchez. "Con su resultado, se acordará lo que proceda", añade el juez Moreno.