El Consejero de Educación de la Comunidad de Madrid inicia un nuevo curso con varias asignaturas pendientes
Emilio Viciana, Consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, afronta su segundo año en el cargo con varias tareas pendientes. Tras un accidentado primer año, en el que acumuló numerosas polémicas, Viciana tiene por delante una serie de retos que deberá resolver si quiere mejorar la situación de la educación en la región.
Fraccionamiento de contratos y corrupción
Uno de los escándalos que más ha salpicado a Viciana es el del fraccionamiento de contratos para la construcción de nuevos centros de formación profesional (FP). La Fiscalía investiga las obras del macrocomplejo educativo Ciudad Escolar y de la Escuela de Arte, que se ejecutaron y pagaron a través de contratos fraccionados por menos de 40.000 euros más IVA para evitar sacar los proyectos a concurso público.
La denuncia ya ha provocado el cese del subdirector de FP Alfonso Mateos e investigaciones abiertas a los directores de los centros. La oposición insiste en la comparecencia de Viciana para que explique este caso, que se suma a otras polémicas como la modificación del modelo bilingüe de Esperanza Aguirre, el caos de las becas comedor o la crisis en las negociaciones con el profesorado para la reducción del horario lectivo.
Nuevo proyecto de ley de universidades
Otro de los frentes abiertos que tiene Viciana es el proyecto de ley autonómica de universidades. La Consejería presentó a los rectores de las seis universidades públicas de Madrid el borrador del texto, que ha generado críticas por parte de los dirigentes de los campus públicos.
El Gobierno Nacional ha anunciado que si se aprueba el proyecto, lo recurriría en los tribunales por el “maltrato” a la educación superior pública. El borrador recoge temas espinosos como un sistema de financiación para las públicas en el que la Comunidad cubriría el 70% del capítulo gastos y en el que abre la posibilidad de que los centros reciban inversiones adicionales que dependerán del cumplimiento de objetivos.
Por otro lado, se pretende cambiar las reglas para la elección de rectores. Hoy, la ley estatal permite que lo sean profesores titulares que hayan demostrado solvencia docente, investigadora y experiencia en gestión; pero la Comunidad de Madrid ordenará que solo lo puedan ser los catedráticos. Los rectores temen que se afecte la autonomía universitaria y los sindicatos ven con preocupación la financiación.
Conflicto con el profesorado por la reducción de las horas lectivas
La reducción de las horas lectivas es otro de los temas que enfrenta a Viciana con el profesorado. Los sindicatos piden reducir el horario a los profesores de Infantil, Primaria y Educación Especial de 25 a 23 horas lectivas a la semana y a los profesores de Secundaria de 20 a 18 horas.
Educación rebajó su oferta de ajuste horario argumentando falta de presupuesto y propuso reducir una hora lectiva a los docentes no tutores de enseñanza Secundaria, Formación Profesional y de régimen especial a partir del curso 2026/2027. Hubo huelgas y manifestaciones entre abril y junio, mientras el Consejero intentó, sin éxito, volver a la mesa con una nueva propuesta.
Para el próximo 15 de septiembre se ha convocado la primera Marea Verde del curso, en la que este será un tema clave. Los sindicatos convocarán consultas con sus afiliados para definir cómo y cuándo seguir manifestándose.
Cierre de dos escuelas infantiles por problemas con la empresa gestora
A finales de junio, las educadoras de las escuelas infantiles Señor Don Gato (Valdebernardo, Madrid) y Tesoros (Arganda del Rey) se enteraron por el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid que sus escuelas se suprimirían este curso tras una tortuosa crisis administrativa de la empresa ―contratada por Educación― que las gestionaba.
Las trabajadoras denunciaron que la empresa gestora Atreyu Blota Carlo S.L había dejado de pagarles desde abril. La licitación para encontrar una nueva empresa quedó desierta y el 26 de julio la Comunidad de Madrid suprimió las dos escuelas, dejando a cerca de 300 niños y a unas 50 trabajadoras en el limbo para este curso.
Para la oposición y los sindicatos, este caso evidencia el modelo fallido de gestión indirecta en la Educación Infantil pública. La Red de Escuelas Infantiles Públicas de la Comunidad de Madrid para niños de entre 0 y 3 años tiene 260 escuelas infantiles (135 autonómicas y 125 municipales). De las autonómicas, 78 son gestionadas por empresas privadas con dinero público.
Los sindicatos piden que la Consejería se haga responsable de las educadoras pese a que delega la gestión y que, a futuro, cambie el modelo. “Dicen que quieren universalizar la educación infantil, pero lo quieren hacer a coste mínimo”, sostienen.
