El cuerpo de Pedro de la Calle, un pastor socialista, será exhumado este martes
El cuerpo de Pedro de la Calle, un pastor socialista asesinado durante la Guerra Civil española, será exhumado este martes en el municipio vallisoletano de Mojados. La exhumación, que se llevará a cabo por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), es la primera que se realiza en Castilla y León tras la aprobación del proyecto de “ley de concordia”, que sustituirá al decreto de memoria histórica de 2018.
Pedro de la Calle nació en Alcazarén (Valladolid) en 1888 y murió en agosto de 1936 en el cercano pueblo de Mojados. Una facción falangista le dio primero una paliza; días después, mientras recogía garbanzos con sus hijas, fue apresado y ahorcado en un pino. El acta de defunción alegaba “congestión y asfixia”, como si hubiera muerto por complicaciones respiratorias y no ejecutado. Fue enterrado sin identificación en un terreno de Mojados donde ha permanecido hasta la exhumación.
La iniciativa de la exhumación llega casi 20 años después de que Ángela de la Calle, hija del pastor, pidiera la exhumación al Ayuntamiento de Mojados. El Consistorio la desoyó, al igual que hizo con una carta en 2007 que instaba a extraer el cuerpo de ese terreno plagado de hierbajos para sepultarlo dignamente en el panteón familiar, con su nombre, en el colindante cementerio católico. La hija del pastor murió en 2008 y ha sido nieto quien ha reclamado exhumarlo.
El proyecto de “ley de concordia”
El proyecto de “ley de concordia”, que se encuentra en tramitación en las Cortes de Castilla y León, ha sido criticado por la ARMH por su artículo 4.4, que especifica que “los proyectos habrán de respetar la legislación de protección de datos, no pudiendo ser objeto de difusión pública imágenes, documentos o material que pueda revelar la identidad de las personas involucradas en el proceso de recuperación, incluyendo a las víctimas, sus familiares y cualquier persona que participe en el mismo”.El Gobierno central ha anunciado que llevará el proyecto de “ley de concordia” al Tribunal Constitucional por considerar que invade “el derecho internacional”.