El fiscal general rechaza elaborar un informe sobre la ley de amnistía
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha vuelto a rechazar este lunes que el Consejo Fiscal elabore un informe sobre la ley de amnistía, como le ha reclamado el Senado, donde el PP cuenta con mayoría absoluta. El máximo representante del ministerio público ha enviado una carta al presidente de la Cámara alta, Pedro Rollán, para reiterarle que ese organismo “carece de competencia para informar sobre proposiciones de ley que se hallen en tramitación en sede parlamentaria”.
Con esta misiva, García Ortiz despeja la ofensiva lanzada por la derecha, a la que se ha sumado el sector conservador de la carrera fiscal, para tratar de presionar al Gobierno con pronunciamientos sobre la ley de amnistía pactada con los independentistas.
El Consejo Fiscal no tiene competencia para emitir informes sobre proposiciones de ley
García Ortiz basa su negativa en el hecho de que el Consejo Fiscal no tiene competencia para emitir informes sobre proposiciones de ley, ya que esta función está reservada para los proyectos de ley o normas reglamentarias que afectan a la estructura, organización y funciones del Ministerio Público.
Así lo establece el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que prevé que el Consejo Fiscal informe sobre proyectos de ley o normas reglamentarias que afecten a la estructura, organización y funciones del Ministerio Público. Pero este dictamen no está previsto para las proposiciones de ley, que es la forma en la que se está tramitando la amnistía.
El sector conservador de la carrera fiscal insiste en que el Consejo Fiscal se pronuncie
A pesar de la negativa de García Ortiz, el sector conservador de la carrera fiscal insiste en que el Consejo Fiscal debe pronunciarse sobre la ley de amnistía, ya que consideran que afecta al ámbito funcional del Ministerio Público.
Así lo han expuesto en un escrito enviado al fiscal general del Estado, en el que argumentan que “es innegable que la Proposición de Ley Orgánica de amnistía, en caso de aprobarse, afectaría de manera evidente en el ámbito funcional del Ministerio Fiscal [...] La aplicación de una medida de gracia como la propuesta incide en procesos penales, culminados por sentencia firme o en tramitación, en los que el Ministerio Fiscal interviene como parte necesaria”.
Este escrito repite un argumento usado por el PP, que sostiene que el artículo 10 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece un deber general de colaboración con las Cortes Generales, a requerimiento de éstas y siempre que no exista obstáculo legal, sin que tal obstáculo exista en el presente caso.
García Ortiz: “Esta solicitud carece de fundamentación alguna”
Sin embargo, García Ortiz ha respondido que esta solicitud carece de “fundamentación alguna”, ya que la colaboración institucional “no es posible” en este caso porque supondría “alterar el normal funcionamiento de la institución” e “invadir espacios y competencias propias de la estructura organizativa de la Fiscalía”.
Además, ha añadido que corresponderá a los fiscales que lleven causas relacionadas con el procés posicionarse sobre la amnistía cuando esta llegue a los tribunales.
La Fiscalía vive tiempos convulsos
La negativa de García Ortiz a elaborar un informe sobre la ley de amnistía ha puesto de manifiesto las tensiones que existen en el seno de la Fiscalía. El sector conservador de la carrera fiscal se encuentra abiertamente enfrentado con el fiscal general, y la amnistía ha intensificado esa batalla.
De hecho, el ala derechista del ministerio público ha reclamado desde un principio que la institución pueda dar su opinión sobre la nueva ley, y ha encontrado el camino de la mano del PP y de su mayoría absoluta en el Senado.
El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal prevé que el Consejo Fiscal informe sobre proyectos de ley o normas reglamentarias que afecten a la estructura, organización y funciones del Ministerio Público. Pero este dictamen no está previsto para las proposiciones de ley, que es la forma en la que se está tramitando la amnistía.
