El gobierno de Javier Milei modifica la ley de acceso a la información pública
El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, liderado por Javier Milei, publicó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que modifica la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública. La medida ha generado polémica y críticas por parte de la oposición y de organizaciones defensoras de la transparencia.
Cambios en la reglamentación
El DNU 780/2024, publicado este lunes en el Boletín Oficial, modifica el artículo 1° de la Ley N° 27.275 en lo que refiere a la "buena fe". Según el texto del decreto, "la violación al principio de buena fe por parte de todos los actores intervinientes configura el supuesto previsto en el artículo 10 del Código Civil y Comercial de la Nación".
Además, el gobierno de Milei modificó el concepto y alcance de lo que se conoce como "información pública". De acuerdo con el decreto, "no se entenderá como información pública a aquella que contenga datos de naturaleza privada que fueran generados, obtenidos, transformados, controlados o custodiados por personas humanas o jurídicas privadas o por la ausencia de un interés público comprometido, ajenos a la gestión de los sujetos obligados enumerados en el artículo 7° de la Ley N° 27.275 y su modificatoria".
Críticas y preocupaciones
El decreto ha sido criticado por la oposición y por organizaciones defensoras de la transparencia. El bloque Encuentro Federal de la Cámara de Diputados expresó su "preocupación" por los cambios a la ley de Acceso a la Información Pública y presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo para que explique los alcances de las restricciones.
El abogado constitucionalista Félix Lonigro denunció que el decreto "promueve el "abuso del derecho". "El decreto es más restrictivo que la ley a la que reglamenta", señaló Lonigro. "El decreto podría considerarse inconstitucional, porque los decretos reglamentarios no pueden alterar a las leyes que reglamentan", agregó.
La medida también ha generado críticas por parte de periodistas y medios de comunicación. La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresó su "preocupación" por el decreto y advirtió que "podría afectar el derecho de la ciudadanía a acceder a información pública de interés general".
La defensa del gobierno
El gobierno de Milei ha defendido el decreto, argumentando que es necesario para proteger la privacidad de los ciudadanos y evitar el "abuso del derecho" por parte de quienes solicitan información pública.
"El decreto tiene como objetivo garantizar el derecho a la intimidad de las personas y evitar que se utilice la información pública con fines maliciosos", afirmó el ministro de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri.
El gobierno también ha señalado que el decreto no afecta el derecho de los ciudadanos a acceder a información pública de interés general. "El decreto no impide que los ciudadanos accedan a información pública sobre la gestión del gobierno", afirmó Macri.
