El Gobierno restringe el acceso a la información pública
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través del Decreto 780/2024, modificó el reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública. La medida limita el acceso a la información que sea de índole privada de los funcionarios.
¿Qué establece el decreto?
El decreto define como información pública aquella que es generada, obtenida, transformada, controlada o custodiada por el Estado. La nueva normativa excluye de esta definición los datos de naturaleza privada que fueron generados, obtenidos, transformados, controlados o custodiados por personas humanas o jurídicas privadas.
Además, el decreto amplía las excepciones a la entrega de información pública. Estas excepciones incluyen los datos que puedan identificar rutinas, desplazamientos y ubicaciones de una persona, que puedan causar daños y perjuicios, o que estén relacionados con denuncias o investigaciones en curso.
¿Qué opinan los expertos?
El decreto ha generado críticas por parte de organizaciones de la sociedad civil y expertos en derecho a la información. Sostienen que la medida es un retroceso en materia de transparencia y rendición de cuentas.
“El decreto amplía la información que queda por fuera del interés público, amplía el secreto y aporta discrecionalidad”, afirmaron desde el Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.
Los expertos también cuestionan la definición de documento público establecida en el decreto. Sostienen que esta definición es demasiado amplia y que podría dar lugar a que el Estado niegue el acceso a información legítima.
¿Cuáles son las implicaciones?
El decreto podría tener un impacto negativo en el acceso a la información sobre el uso de los recursos públicos. También podría dificultar el control ciudadano sobre la gestión del gobierno.
Es importante destacar que el decreto aún no ha sido impugnado judicialmente. Sin embargo, es probable que sea desafiado en los tribunales por organizaciones de la sociedad civil y expertos en derecho a la información.
