El Gobierno eleva al Constitucional el protocolo canario sobre los menores migrantes
El Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros el inicio de un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional sobre el nuevo protocolo de acogida de menores migrantes del Gobierno canario, según han informado fuentes gubernamentales. Las islas, gobernadas por Coalición Canaria y el PP, se rigen desde el pasado jueves bajo unas nuevas normas, más estrictas, que condicionan la acogida de este colectivo vulnerable a una serie de trámites y a la disponibilidad de plazas de un sistema colapsado.
Con las relaciones con el Ejecutivo canario muy deterioradas, el Gobierno central ha decidido contraatacar. Fuentes del Gabinete ven claro que las nuevas reglas son inconstitucionales porque la comunidad autónoma está dejando de ejercer sus competencias, delegando en el Estado. La intención del Gobierno de Pedro Sánchez es que el tribunal suspenda cautelarmente el protocolo mientras decide sobre su fondo.
La Fiscalía Superior de Canarias también emitió un decreto el pasado viernes en el que enmienda la iniciativa del presidente autonómico, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), por desproteger a los menores migrantes, discriminarlos y delegar competencias autonómicas. La fiscal advertía en ese decreto al Ejecutivo canario de que podía incurrir en un delito de abandono de menores.
Un nuevo protocolo polémico
El nuevo protocolo se publicó el pasado jueves en el Boletín Oficial de Canarias, en un contexto de absoluto desbordamiento de las capacidades de acogida para menores de las islas, que atienden ya a más de 5.300 niños y adolescentes llegados en cayuco.
El texto pasa a exigir una serie de trámites e informes que competen, sobre todo, a la Policía Nacional y que suponen retrasar la entrada del niño en un centro de acogida. Entre ellos se requiere una reseña policial completa, una audiencia, una resolución administrativa de dónde se ubicará al menor que cuente con el conocimiento del fiscal, un acto formal de entrega del niño entre agentes nacionales y autonómicos y la confirmación de que existe plaza para el recién llegado.
El Gobierno canario ha defendido que se trata solamente de ordenar “el desorden” existente en la entrega de los menores y garantizar que se cumpla un protocolo de actuación existente desde 2014. Ese texto de hace una década, sin embargo, no incluye algunas de las nuevas disposiciones exigidas, ni obliga a que la reseña policial o la identificación de posibles refugiados sea realizada antes de que el menor pase a ser tutelado por la comunidad.
El Gobierno acusa al Ejecutivo canario de incumplir sus responsabilidades
El Ejecutivo de Clavijo considera que el tiempo que el niño esté fuera del sistema de acogida no estará desamparado porque ya ha sido rescatado y se encuentra bajo custodia policial, una premisa que rechaza el ministerio público.
La interpretación del desamparo es también uno de los puntos que impugnará el Gobierno, quien critica que la comunidad pretenda atribuir al Estado la tutela de los menores durante todo el lapso que media entre la llegada en cayuco y su entrada en un centro de menores.
Un conflicto que se judicializa
La formalización del conflicto de competencias, con el que el tribunal de garantías decidirá si el protocolo canario respeta el orden constitucional, seguirá varios pasos. Tras la luz verde del Consejo de Ministros, se acudirá al Consejo de Estado para que elabore su propio dictamen y, con él, será el Consejo de Ministros del martes 24 el que formalice el proceso. El Constitucional tendrá entonces 10 días para admitirlo a trámite. En paralelo, el Ejecutivo activará a la Abogacía del Estado para que interponga un recurso contencioso-administrativo y buscará un acuerdo con el Gobierno de Canarias para, durante ese tiempo, coordinar la llegada y atención de los menores.
