El Gobierno de España se enfrenta a un arduo camino para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2025 en el plazo previsto. Apenas quedan cuatro semanas, hasta el próximo 30 de septiembre, para que el Ministerio de Hacienda presente el proyecto legislativo en el Congreso de los Diputados y comience su tramitación parlamentaria. Sin embargo, el proceso se antoja complejo debido a los múltiples obstáculos burocráticos y políticos que debe superar el Ejecutivo.
¿Qué pasos debe seguir el Gobierno?
La aprobación de los PGE implica una serie de etapas que el Gobierno debe completar en tiempo y forma. En primer lugar, el Consejo de Ministros debe aprobar los objetivos de estabilidad (límites de déficit y deuda pública) para las distintas administraciones y el techo de gasto, es decir, el límite del gasto público no financiero. Estos elementos son esenciales para la elaboración del borrador de los Presupuestos.
Los tropiezos del camino
El Gobierno ya ha intentado en dos ocasiones poner en marcha el proceso presupuestario, pero ambos intentos han fracasado. En diciembre de 2022, el Senado rechazó los objetivos de déficit propuestos por Hacienda, paralizando el proceso. Posteriormente, el Ejecutivo aprobó un cambio legal para sortear el veto del Senado, pero esta medida fue bloqueada por el partido independentista catalán Junts per Catalunya en la votación del Congreso.
Las alternativas del Ejecutivo
Ante estas dificultades, el Gobierno estudia diferentes opciones para lograr el apoyo necesario para los PGE. Una posibilidad es promover una descentralización del gasto en inversiones hacia las comunidades autónomas, lo que podría suavizar la postura de los partidos catalanes. Otra alternativa pasa por ofrecer a las autonomías un mayor margen fiscal, medida que contentaría a los populares, que controlan la mayoría de los territorios.
Un calendario apretado
Si el Gobierno logra superar todos estos obstáculos, deberá presentar el proyecto de Presupuestos en el Congreso a partir del 30 de septiembre. El objetivo es que se debata y apruebe antes del 1 de enero de 2025, aunque este plazo no está garantizado. El portavoz del grupo parlamentario socialista, Héctor Gómez, ha reconocido que el calendario es "muy ajustado".
El papel de la negociación política
Además de las dificultades técnicas, el Gobierno también deberá negociar con sus socios parlamentarios para lograr los votos necesarios para aprobar los PGE. Se espera que la financiación autonómica y la posible condonación parcial de la deuda autonómica sean temas clave en estas negociaciones.
Consecuencias de no aprobar los Presupuestos
Si el proceso presupuestario se encalla, el Gobierno se vería obligado a prorrogar por segundo año consecutivo las cuentas de 2023, lo que supondría la sexta prórroga en los últimos 10 años. Esta situación afectaría únicamente al Estado, que representa el 20% de los Presupuestos de las administraciones públicas, pero no a las comunidades autónomas ni a las corporaciones locales.
