El presidente del Tribunal Electoral de Tamaulipas impugna el trámite de desafuero

Ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el magistrado Edgar Danés Rojas interpuso un juicio para defender sus derechos políticos.

El magistrado sostiene una batalla jurídica contra el Congreso del Estado de Tamaulipas, que inició un procedimiento de desafuero en su contra por "hechos con apariencia de delito grave".

Danés Rojas fue señalado por un posible conflicto de intereses y por presunta agresión sexual. En el primer caso, se argumentó que su hermano trabajaba en el ayuntamiento de Nuevo Laredo, lo que le impedía calificar la elección de la morenista Carmen Lilia Canturosas.

En el segundo asunto, el procedimiento de desafuero fue solicitado por un ministerio público de la Fiscalía de Justicia del Estado. La solicitud fue turnada a la Comisión Instructora, pero no alcanzó a deliberar sobre la procedencia del retiro de inmunidad procesal y separación del cargo.

El magistrado apeló el acuerdo de la Comisión Instructora de proceder penalmente contra él, así como la notificación del mismo, aunque aún no ha sido retomado por la nueva composición parlamentaria.

El caso es analizado por la magistrada de la Sala Superior, Janine M. Otálora Malassis, y se encuentra en la etapa de alegatos. Posteriormente, presentará su proyecto de resolución a consideración del Pleno.

Ataque contra el presidente del Tribunal Electoral de Tamaulipas

Danés Rojas fue atacado a balazos el pasado 21 de agosto mientras se encontraba en la cochera de su domicilio en Ciudad Victoria. La agresión lo mantuvo hospitalizado durante varias semanas, pero logró recuperarse y retomar su función.

El 3 de octubre, la Fiscalía de Justicia de Tamaulipas dio a conocer que derivado de las investigaciones, se aprehendió a un menor de edad vinculado a estos hechos.

"El presidente del Tribunal Electoral de Tamaulipas, Edgar Danés Rojas, quien fuera baleado en el pasado mes de agosto y señalado por presunta agresión sexual, sostiene una batalla jurídica contra el Congreso del Estado, pues impugnó el trámite de desafuero."

Cristina Gómez, Milenio