El PSC afronta un curso político con las cuentas de la Generalitat en el horizonte
La reunión entre el 'president' Salvador Illa y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, celebrada este viernes, sirvió para visualizar algunos de los cambios en la simbología del Palau de la Generalitat con la llegada del líder socialista. La bandera española se incorporó junto a la catalana, a diferencia de lo que ha sucedido durante los años de ejecutivos independentistas.
Los socialistas también gobiernan en el Ayuntamiento de Barcelona después de un mandato de la extinta Convergència (2011-2015, con Xavier Trias de alcalde) y dos de los comunes de Ada Colau (2015-2023). Jaume Collboni recuperó la vara para los socialistas en 2023.
Barcelona sufre la desatención de la Generalitat
"Barcelona ha sufrido durante demasiados años la desatención del Govern de la Generalitat", afirmaba Collboni esta semana en una entrevista a la agencia EFE. El alcalde prometía "lealtad institucional", pero advertía de que defenderá los intereses de los vecinos de Barcelona con "exigencia" con las inversiones de la administración autonómica en la ciudad.
En el listado de reproches endémicos figura la promoción de vivienda pública, el gasto en guarderías, ambulatorios, servicios sociales o Mossos d'Esquadra. Por no hablar del transporte público, cuando este verano se ha conocido un nuevo retraso en la agónica L9.
El encuentro entre Illa y Collboni fija una reunión institucional entre ambas administraciones para el 4 de septiembre
En el comunicado enviado el viernes después del encuentro informal, las dos administraciones fijaron como puntos clave a tratar el día 4 la vivienda, la seguridad, el transporte público y los barrios.
La entrada de ERC en el gobierno municipal, en el aire
El adelanto de las elecciones catalanas a junio frenó la entrada de los cinco concejales republicanos en el ejecutivo de Collboni cuando la alianza ya estaba cerrada, reparto de carteras incluido. ERC ostentaría las tenencias de alcaldía de derechos sociales, turismo y promoción económica y el grupo municipal daría aire a los 10 concejales del PSC, que no dan abasto: todos llevan dos sombreros, un área y un distrito.
Pasadas las elecciones, el grupo municipal que capitanea Elisenda Alamany, yendo por libre, intentó una votación exprés de la militancia, que se movilizó para dar la espalda a un pacto que las bases entendían como una imposición no consensuada. Tras el apoyo de ERC a la investidura de Salvador Illa como 'president', en septiembre se retomarán las negociaciones para la entrada de ERC en el gobierno municipal, pero la clave la tendrán los republicanos y su militancia de Barcelona.
El calendario plantea dos opciones: abordar la votación de forma inmediata, en septiembre (todo apunta a que sí) o esperar al congreso del partido, previsto para otoño.
La ampliación del aeropuerto de El Prat vuelve a la mesa
El año 2021, la oposición de los comunes, que gobernaban El Prat y Barcelona, y recibieron el espaldarazo de la ministra Yolanda Díaz, consiguió frenar la ampliación del aeropuerto.
Ahora, con Collboni e Illa partidarios de la ampliación, y el también socialista Maurici Lucena en Aena, no tardará en reabrirse el melón. Los comunes y movimientos sociales rechazan una ampliación que ven gasolina para la masificación turística y el cambio climático. En el consistorio, defienden ganar pasajeros para diversificar la economía de la ciudad más allá del turismo.
Vivienda pública y pisos turísticos
El convenio de cesión de solares de la ciudad a la Generalitat para construir 1.700 pisos públicos, una oportuna alianza histórica, se truncó tras el enroque de la exconsellera Ester Capella, que los condicionó a los presupuestos de este año que ERC no logró aprobar, por el portazo de los comunes.
Los plazos del convenio ya van con retraso y antes del verano el gobierno municipal urgió al Incasòl a cumplir "inmediatamente" con su compromiso, un incumplimiento que llevó a su directora, Maria Sisternas, a dimitir tras demostrar que el organismo que gestiona las fianzas de los alquileres y construye vivienda pública dispone de fondos para arrancar.
En la siempre compleja y delicada carpeta de los pisos turísticos, el actual alcalde tiene el empeño de cerrarlos todos (10.000). También los que tienen licencia.
Para hacerlo se agarra al decreto de la Generalitat que prevé que en cinco años los ayuntamientos catalanes aprueben planes urbanísticos que fijen cuántos quieren y dónde. La receta de Barcelona será no aprobar este plan y eliminar la figura del piso turístico del listado de alojamientos previstos.
Pero el decreto ha sido recurrido ante el Tribunal Constitucional. Mientras, Collboni pide a Illa que mantenga el decreto que aprobó el expresident Pere Aragonès.
Otra incógnita es la futura regulación de los alquileres de temporada, a los que recurren los caseros para esquivar la regulación de precios. El PSC y Junts tumbaron la que se disponía a aprobar ERC en el Parlament en mayo, con el argumento de que no tenía suficientes garantías jurídicas. También el Gobierno de Pedro Sánchez ha prometido regularlos.
