España avanza en la reubicación de menores inmigrantes desde Canarias: Un desafío burocrático y legal
Tras intensas negociaciones, España está implementando un nuevo modelo para la acogida de menores extranjeros no acompañados, buscando aliviar la presión sobre Canarias y Ceuta. La reciente aprobación de la ley de extranjería, con el respaldo de 179 diputados, marca un hito al obligar a todas las comunidades autónomas a compartir la responsabilidad en la atención de este colectivo vulnerable. Sin embargo, la implementación enfrenta desafíos burocráticos y la posible oposición de algunas regiones.
Un Nuevo Comienzo Tras un Año de Negociaciones
La votación de la ley de extranjería ha sido recibida con optimismo por los principales actores involucrados, como el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y la ministra de Infancia, Sira Rego. Según informa María Martín de El País, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, también ha expresado su satisfacción, aunque es consciente de que aún queda un largo camino por recorrer. «Estamos avanzando, pero debemos ser realistas sobre los obstáculos que enfrentamos», comentó Clavijo.
Desafíos y Obstáculos en el Horizonte
Sira Rego tiene previsto convocar a todas las comunidades autónomas el 28 de abril para presentarles las cifras de menores que deberían ser reubicados en cada territorio, basándose en criterios de población, renta y esfuerzo previo de acogida. Sin embargo, la recopilación de datos precisos se está viendo obstaculizada por algunas comunidades que no están proporcionando información completa o están utilizando diferentes criterios para contabilizar las plazas disponibles. “Estamos trabajando para asegurar que todas las comunidades cumplan con su responsabilidad”, afirmó Rego.
La Oposición del Partido Popular
El Partido Popular (PP) ha manifestado su rechazo frontal a esta iniciativa y ha amenazado con recurrir el reparto en el Tribunal Constitucional. Ante esta posible oposición, el ministerio de Infancia se prepara para hacer cumplir el real decreto dentro del marco de la ley. «Si algunas comunidades deciden no cooperar, nosotros seguiremos adelante con los mecanismos legales a nuestra disposición», señalan fuentes del ministerio.
Próximos Pasos: Desarrollo del Real Decreto
El Gobierno central está trabajando en el desarrollo del real decreto que definirá los detalles de la implementación, desde cómo se ejecutarán los traslados hasta cómo debe ser la recepción de los menores en las comunidades de acogida. Este texto es fundamental para asegurar una transición fluida y respetuosa con los derechos de los menores.
La Situación en Canarias y Ceuta
Canarias, que alberga a unos 6.000 niños y adolescentes en una red diseñada para 800, debe formalizar su situación de contingencia migratoria para activar legalmente la reubicación de los menores. Esto implica certificar que sus recursos están al triple de su capacidad. Una vez declarada la contingencia, se priorizará el traslado de los menores mayores de 16 años sin arraigo. La consejería de Juventud e Infancia canaria ya está seleccionando estos perfiles, aunque el proceso administrativo es complejo y está saturado.
Contenciosos Pendientes
Clavijo también recuerda que Canarias tiene tres contenciosos pendientes con el Gobierno central, incluyendo la falta de entrega de partidas económicas prometidas para compensar el esfuerzo de acogida de estos años, que ascienden a 135 millones de euros. Además, está pendiente la resolución sobre la acogida de 1.200 menores que han pedido asilo o tienen intención de hacerlo, y que el Tribunal Supremo ha considerado que debe asumir el Estado.
Prioridades en la Reubicación
El proceso de reubicación priorizará a los menores mayores de 16 años que carecen de vínculos familiares sólidos en las islas. La consejería de Juventud e Infancia de Canarias ya está trabajando en la identificación de estos perfiles, pero enfrenta desafíos administrativos significativos debido a la saturación de los recursos.
Conclusión
El nuevo modelo de acogida de menores extranjeros no acompañados representa un avance importante en la gestión de la inmigración en España. Sin embargo, su éxito dependerá de la cooperación de todas las comunidades autónomas y de la capacidad del Gobierno central para superar los obstáculos burocráticos y legales que se presenten.
