España en el ojo del huracán por trato a refugiada afgana
La situación de Hamida Sultani, una afgana de 31 años que huyó de Afganistán debido a las amenazas de los talibanes por su activismo en defensa de los derechos de las mujeres, está generando controversia en España. A pesar de haber recibido un visado humanitario por parte de la Embajada de España en Pakistán, Sultani no está siendo integrada en el sistema de acogida español, dejándola en una situación de vulnerabilidad extrema. El caso, reportado por Trinidad Deiros Bronte (2025) en El País, está poniendo en tela de juicio los protocolos de acogida y protección a solicitantes de asilo en España.
Según Deiros Bronte (2025), la activista Khadija Amin, quien preside la organización humanitaria Esperanza de Libertad, acogió a Sultani para evitar que durmiera en la calle. Amin está criticando la falta de claridad en los procedimientos y el trato diferenciado que se está dando a las mujeres afganas que llegan a España con visados humanitarios.
¿Qué está pasando exactamente?
El procedimiento habitual, según Amin (citada en Deiros Bronte, 2025), es que las mujeres afganas que huyen de la persecución talibán y logran obtener un visado humanitario en la Embajada de España en Pakistán son automáticamente integradas en el sistema de acogida. Esto implica que, al llegar a España, son recibidas por la policía, se les asiste en la solicitud de protección internacional y se les proporciona alojamiento y manutención a través de organizaciones como ACCEM o Cruz Roja.
Sin embargo, en el caso de Sultani, la Embajada de España en Pakistán no le proporcionó el documento que acreditaba su condición de solicitante de protección internacional. Esto provocó que, al llegar al aeropuerto de Barajas, no fuera integrada en el sistema de acogida y se le indicara que debía solicitar asilo en la frontera, un trámite que desconocía. Ahora, se enfrenta a la difícil tarea de solicitar una cita en una oficina de Extranjería, un proceso que puede tardar meses y que, según la Comisión de Ayuda al Refugiado (CEAR), deja a los solicitantes en un limbo legal y sin acceso a la protección del Estado.
La respuesta del Ministerio de Exteriores
Fuentes oficiales del Ministerio de Exteriores, en respuesta a preguntas de El País (Deiros Bronte, 2025), aseguran que, «por la naturaleza del caso» de Sultani, se le expidió un visado directamente para que pudiera solicitar protección internacional en la frontera. No obstante, no se especificó cuál es esa «naturaleza» ni por qué se le está dando un trato diferente al de otras mujeres afganas en situaciones similares.
El Ministerio también ha indicado que las afganas que lleguen a España deberán solicitar visado en la frontera, una información que, según Khadija Amin, no se había comunicado previamente y que genera incertidumbre y preocupación entre las mujeres que están huyendo de Afganistán.
El impacto en otras refugiadas afganas
La situación de Sultani genera preocupación por el destino de otras mujeres afganas que están llegando a España con visados humanitarios. Khadija Amin (citada en Deiros Bronte, 2025) denuncia que algunas mujeres están llegando sin el documento de protección internacional y teme que queden desamparadas. Además, critica la falta de criterios claros por parte de las autoridades españolas, ya que algunas personas son acogidas automáticamente mientras que otras se ven obligadas a iniciar un largo y complicado proceso burocrático.
- La falta de un sistema de acogida eficiente y transparente está poniendo en riesgo la vida y la integridad de las mujeres afganas que huyen de la persecución talibán.
- La dificultad para obtener citas en las oficinas de Extranjería está generando un mercado negro en el que se revenden las citas de asilo hasta por 200 euros.
- La falta de información clara y precisa por parte de las autoridades españolas está generando confusión y desesperación entre las personas que buscan protección internacional en España.
La situación de Hamida Sultani y otras afganas está evidenciando las deficiencias del sistema de acogida español y la necesidad de garantizar una protección efectiva a las personas que huyen de la persecución y la violencia. Organizaciones como CEAR están instando al gobierno español a revisar sus procedimientos y a garantizar el acceso a la protección internacional a todas las personas que lo necesiten.
El contexto en Afganistán
La situación en Afganistán sigue siendo crítica, especialmente para las mujeres y las niñas. El régimen talibán ha impuesto restricciones severas a sus derechos, prohibiéndoles estudiar, trabajar y participar en la vida pública. La ONU ha calificado la situación en Afganistán como un «apartheid de género» (Deiros Bronte, 2025), y España ha denunciado ante la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) la vulneración de los derechos de las mujeres y niñas afganas.
En este contexto, es fundamental que España cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de protección de refugiados y garantice una acogida digna y segura a las personas que huyen de la persecución talibán. La controversia generada por el caso de Hamida Sultani pone de manifiesto la necesidad de una reflexión profunda sobre las políticas de asilo y refugio en España y la importancia de garantizar el respeto a los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su origen o condición.
El País (Ediciones EL PAÍS S.L., 1976) sigue informando sobre este caso y las posibles soluciones que se están planteando para garantizar la protección de Hamida Sultani y otras mujeres afganas que buscan refugio en España.
