Inmigrantes atrapados en 'prisiones': el drama de los refugiados en el cuartel de Carabanchel
El antiguo cuartel General Arteaga de Carabanchel, en el sur de Madrid, se ha convertido en una prisión para casi 2.000 inmigrantes que viven encerrados 22 horas al día.
A pesar de no ser un centro de detención, los residentes tienen restringida su libertad de movimiento: solo pueden salir a la calle dos horas al día y por turnos. Esta situación ha llevado a muchos de ellos a sentirse como si estuvieran cumpliendo condena.
"Era como una prisión, me sentía como si hubiera hecho algo malo, pero yo no he hecho nada, vine para buscarme la vida", asegura Sima, un joven refugiado de Malí que pasó dos meses en el centro.
Estas restricciones no se aplican en ningún otro centro de acogida del país, según expertos en acogida humanitaria y las dos grandes ONG que gestionan buena parte de estos centros. Sin embargo, el Ministerio de Migraciones las justifica por "cuestiones operativas y de convivencia", aunque no ha detallado por qué este es el único lugar en el que se aplican.
Dentro de las instalaciones, la disciplina impera y los 190 empleados de Cruz Roja que trabajan allí cumplen más unas labores de policía que de trabajadores humanitarios. Cada noche pasan lista en todas las habitaciones, en las que los usuarios duermen en literas.
El programa de actividades del centro incluye clases de español, talleres para orientar a los solicitantes de asilo y actividades deportivas. Sin embargo, los residentes se quejan de que es "como una guardería para niños" y que no se les trata como adultos.
La situación en el cuartel de Carabanchel ha generado críticas por parte de organizaciones humanitarias y expertos en derechos humanos. Denuncian que estas restricciones violan los derechos fundamentales de los inmigrantes y refugiados, y que pueden tener graves consecuencias para su salud física y mental.
El Ministerio de Migraciones ha anunciado que está trabajando en un plan para mejorar las condiciones de acogida en el cuartel de Carabanchel. Sin embargo, aún se desconoce cuándo se implementarán estas medidas y si serán suficientes para garantizar los derechos de los inmigrantes y refugiados que viven allí.
