El desafío de Nayib Bukele contra la criminalidad organizada en El Salvador
Con una estrategia implacable y medidas innovadoras, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, está abordando de forma contundente el problema de la delincuencia organizada que azota a su país. Desde su anuncio el 18 de junio de 2019, Bukele ha desplegado un conjunto de tácticas dirigidas a disminuir los índices de violencia y neutralizar el accionar de las pandillas, como la temida Mara Salvatrucha, responsables de altas cifras de homicidios en la región.
El ambicioso 'Plan de Control Territorial' de Bukele incluye medidas disruptivas como la implementación de un centro de confinamiento para delincuentes peligrosos y la intensificación de la vigilancia en zonas clave a través de cámaras de seguridad y un masivo despliegue de fuerzas de seguridad. Uno de los principales objetivos del mandatario es cortar los flujos financieros que sostienen estas organizaciones criminales, que comprenden hasta el 80% de sus operaciones.
Sofía Martínez, consultora experta en seguridad en Centroamérica, señala la importancia de dirigir los esfuerzos hacia las entidades financieras y políticas que posiblemente estén involucradas en la red de financiamiento de estos grupos delictivos. El plan también incluye el bloqueo de señal de teléfono en las prisiones, aunque se reconoce la existencia de corrupción en algunos centros penales que debilita esta medida.
Control y vigilancia para reducir la violencia
Uno de los puntos fuertes en la estrategia de Bukele es la afirmación de que no ha existido ni existirá diálogo con las pandillas, a pesar de la reconocida influencia de estas en las tasas de homicidios de la región. El debate se centra en si es posible mantener un control sostenible de los homicidios sin entablar conversaciones con los líderes de las pandillas.
El gobierno de Bukele sostiene que su plan es la estrategia más exitosa en la historia del país en términos de seguridad. Aun así, críticos y analistas discuten la efectividad a largo plazo de estas medidas y el impacto que puedan tener en la estabilidad y los derechos humanos en El Salvador.
