Atención, extorsiones telefónicas provienen desde los CERESOS de Puebla y otros estados
Las extorsiones telefónicas son una problemática que aqueja a la sociedad mexicana, y en particular al estado de Hidalgo, donde se registra un aumento significativo en el número de casos reportados. Autoridades de seguridad han identificado que la mayoría de estas llamadas provienen de los Centros de Reinserción Social (CERESOS) ubicados en otras entidades del país, principalmente de los cinco CERESOS clave:
- CERESO de Santa Marta Acatitla
- Reclusorio Norte
- CERESO de Reynosa Tamaulipas
- CERESO de Matamoros Tamaulipas
- CERESO de Puebla
En Hidalgo, entre enero y noviembre de 2024, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEH) ha iniciado 295 carpetas de investigación por el delito de extorsión, una cifra alarmante que refleja la gravedad de la situación. El director general de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro de la PGJEH, Manuel García Guzmán, señala que las extorsiones telefónicas tienen su origen en los CERESOS de otros estados.
Las autoridades de seguridad, en particular la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH), han implementado medidas para combatir esta problemática. El Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i) ha recibido 97 denuncias de llamadas telefónicas de extorsión consumadas y 4.088 llamadas denunciando intentos de extorsión durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 23 de diciembre de 2024.
La SSPH trabaja para fortalecer los mecanismos de denuncia y prevención, así como para colaborar con las autoridades penitenciarias de los estados donde se ubican los CERESOS identificados como focos de extorsión. La PGJEH continúa investigando los casos de extorsión y trabajando para llevar ante la justicia a los responsables.
"Son los cinco CERESOS de donde salen las llamadas de extorsión", afirmó Manuel García Guzmán, director general de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro de la PGJEH.
Las extorsiones telefónicas representan un grave delito que afecta la seguridad y la economía de las familias hidalguenses. La colaboración entre las autoridades de seguridad, el sistema penitenciario y la sociedad es fundamental para combatir esta problemática y garantizar la tranquilidad de la población.
