Familias de fallecidos en residencias de Madrid están presentando nuevas denuncias por denegación de asistencia sanitaria
En un giro inesperado, familiares de personas fallecidas en residencias de la Comunidad de Madrid durante la crisis sanitaria están presentando nuevas denuncias ante los tribunales. A pocos días de que prescriban los posibles delitos, estas acciones legales apuntan ahora contra altos cargos del gobierno de Isabel Díaz Ayuso y varios médicos, acusándolos de denegación de asistencia sanitaria. Según Fernando Peinado (El País, 2025), esta estrategia marca un punto de inflexión tras cinco años de reveses judiciales.
Un cambio de estrategia legal en busca de justicia
Las familias, representadas por asociaciones como Marea de Residencias y Verdad y Justicia, están enfocándose en el delito de discriminación en el acceso a un servicio público, contemplado en el artículo 511 del Código Penal. Este enfoque, según las denuncias, se centra en la falta de asistencia médica por razones discriminatorias, sin necesidad de probar que esta falta de asistencia causó directamente la muerte de los residentes. Se están argumentando que la no atención a los residentes se debió a una serie de razones discriminatorias, incluyendo la enfermedad y la discapacidad, lo que constituye un delito «de mera actividad» (Peinado, 2025).
Álvaro García Ortiz, Fiscal General del Estado, ya había anticipado la presentación de estas denuncias durante una comparecencia en el Senado. Se está trabajando para analizar 115 casos de mayores afectados y remitirlos a los juzgados antes de que prescriban los hechos denunciados (Peinado, 2025).
¿Quiénes son los señalados en las denuncias?
Las denuncias apuntan directamente a 29 personas, incluyendo a cuatro responsables del Gobierno de Ayuso: Carlos Mur de Víu, director general de coordinación sociosanitaria; Francisco Javier Martínez Peromingo, geriatra considerado el «ideólogo» del triaje; Pablo Busca Ostalaza, director de las urgencias Summa 112; y Antonio Burgueño Carbonell, asesor sanitario de Ayuso (Peinado, 2025). Además, se incluye a 25 geriatras que presuntamente filtraron las peticiones telefónicas de hospitalización desde las residencias.
Las acusaciones se basan no solo en los protocolos de no hospitalización enviados a los hospitales, sino también en la fallida medicalización de las residencias y la exclusión de los residentes del hospital de campaña de Ifema y de los hospitales privados. Estos hechos, en conjunto, están buscando probar la denegación del derecho a la asistencia sanitaria (Peinado, 2025).
El debate jurídico: ¿Discriminación o priorización de recursos?
La viabilidad de estas denuncias está generando un intenso debate entre los juristas. José Antonio Martín Pallín, exmagistrado del Supremo, considera que las posibilidades de éxito jurídico son «muy serias», argumentando que la actuación de la Comunidad de Madrid constituye «un monumento a la discriminación por razón de enfermedad o discapacidad» (Peinado, 2025). Por otro lado, Manuel Cancio, catedrático de Derecho Penal de la Autónoma de Madrid, se muestra escéptico. Afirma que el artículo 511 del Código Penal está pensado para casos de discriminación directa y que es difícil demostrar que las decisiones tomadas durante la pandemia buscaban discriminar, en lugar de priorizar recursos (Peinado, 2025).
«Siempre pensé que conectar la causalidad entre los protocolos y las muertes era complicado, pero sí es de una lógica aplastante que lo que hizo la Comunidad de Madrid es un monumento a la discriminación por razón de enfermedad o discapacidad» – José Antonio Martín Pallín, exmagistrado del Supremo (Peinado, 2025).
¿Qué sigue ahora?
Aunque algunas de las denuncias podrían ser desestimadas, se espera que al menos 19 casos de familiares que denuncian por primera vez lleguen a los juzgados. Sin embargo, el tiempo apremia. El Código Penal establece un plazo de seis meses para que los jueces dirijan el procedimiento contra los presuntos responsables, de lo contrario, el caso podría prescribir (Peinado, 2025).
Mientras tanto, las familias ven en esta nueva vía legal una última esperanza para obtener justicia y reparación por lo sucedido. Según Ediciones EL PAÍS S.L. (2025), la búsqueda de la verdad y la justicia en torno a la gestión de las residencias durante la pandemia sigue siendo un tema de gran importancia y sensibilidad social.
Este caso está generando una gran controversia y está poniendo a prueba el sistema judicial español. El desenlace de estas denuncias será crucial para determinar las responsabilidades en la gestión de la crisis sanitaria en las residencias de Madrid.
