Fiscalía Actúa en Defensa de Periodistas Investigados por Informar sobre el Caso del Fiscal General
En un giro significativo, la Fiscalía está interviniendo para proteger a cuatro periodistas de El País, El Mundo y 20 minutos que están siendo investigados por revelar información relacionada con el caso del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Según J. J. Gálvez (2025), en un artículo publicado por Ediciones EL PAÍS S.L., la Fiscalía ha solicitado formalmente al Juzgado de Instrucción 20 de Madrid que se desimpute a estos profesionales, argumentando que es «jurídicamente imposible» que hayan cometido el delito de revelación de secretos (Gálvez, 2025).
La Imposibilidad Jurídica del Delito
El ministerio público fundamenta su petición en que los periodistas no pueden ser considerados funcionarios públicos, una condición esencial para ser imputado por el delito de revelación de secretos. El escrito de la Fiscalía, fechado el 2 de abril, subraya que los reporteros simplemente difundieron parte del contenido de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, un documento de gran interés público que analizaba las comunicaciones de la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, quien también está siendo investigada. La Fiscalía enfatiza que los periodistas actuaron como «meros intermediarios naturales en el proceso comunicativo» y no como inductores del delito (Gálvez, 2025).
El Debate sobre la Libertad de Prensa
La controversia se desató cuando la jueza Adelaida Nieves Medrano del Juzgado de Instrucción Número 20 de Madrid, decidió investigar a los periodistas y citarlos a declarar como imputados el 19 de junio. Esta acción generó una ola de críticas por parte de asociaciones y profesionales del sector, quienes la consideran un ataque a la libertad de prensa. La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) denunció que «imputar periodistas por informar vulnera gravemente la libertad de prensa». El Comité de Redacción de El País añadió que los periodistas «no hicieron más que cumplir con su obligación al publicar una información veraz y relevante sobre un caso de interés público» (Gálvez, 2025).
Protección Constitucional y Estándares Internacionales
La Constitución Española protege la libertad de información, el secreto profesional de los periodistas y su derecho a no revelar sus fuentes. Este derecho fundamental es crucial en un Estado democrático. Más de medio centenar de periodistas especializados en información jurídica y de tribunales han firmado un escrito para denunciar que estas imputaciones «pueden afectar gravemente al derecho de la sociedad a una información veraz sobre procedimientos judiciales de enorme trascendencia» (Gálvez, 2025). Estos periodistas advierten sobre el «efecto disuasorio (chilling effect)» que investigaciones penales contra periodistas pueden tener en el ejercicio de su profesión y en la protección de sus fuentes.
¿Qué está sucediendo en el caso?
El caso se origina a partir de una queja presentada por la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por la filtración del informe de la UCO. El Tribunal Supremo decidió enviar el caso a los juzgados de plaza de Castilla de Madrid para su investigación. La jueza Medrano asumió las pesquisas y decidió investigar a los periodistas. Ahora, la Fiscalía busca revertir esta situación, solicitando que los periodistas sean citados únicamente como testigos, lo que les permitiría acogerse a su derecho constitucional a no revelar sus fuentes (Gálvez, 2025).
Implicaciones para el periodismo y la democracia
Este caso pone de relieve la tensión entre el derecho a la información y la protección de secretos judiciales. La decisión final del juzgado tendrá importantes implicaciones para el futuro del periodismo de investigación en España. Permitir que los periodistas sean investigados penalmente por informar sobre asuntos de interés público podría tener un efecto paralizante en la libertad de prensa y, por ende, en la calidad de la democracia.
- La Fiscalía está defendiendo el papel de los periodistas como intermediarios en el proceso informativo.
- Asociaciones de prensa están alertando sobre el riesgo de un «efecto disuasorio» en el periodismo de investigación.
- Expertos legales están recordando la protección constitucional de la libertad de información.
La situación sigue desarrollándose, y la decisión del Juzgado de Instrucción 20 de Madrid será determinante para el futuro de la libertad de prensa en España.
Referencia
Gálvez, J. J. (2025, 4 de abril). La Fiscalía reclama desimputar a los cuatro periodistas citados por informar sobre el caso del fiscal general. El País. Recuperado de https://elpais.com/espana/2025-04-04/la-fiscalia-reclama-desimputar-a-los-cuatro-periodistas-citados-por-informar-sobre-el-caso-del-fiscal-general.html
