Medio centenar de periodistas alzan la voz contra las imputaciones
La libertad de prensa está siendo cuestionada en España. Más de cincuenta periodistas especializados en información jurídica y de tribunales han firmado un manifiesto en el que expresan su profunda preocupación por la imputación de cuatro de sus colegas. Estos redactores están siendo investigados por la publicación del contenido de un informe de la Guardia Civil relacionado con la causa abierta contra el fiscal general del Estado. Los periodistas advierten que estas acciones judiciales podrían tener un efecto amedrentador en la sociedad, afectando gravemente el derecho a la información veraz sobre procedimientos judiciales de gran importancia.
El documento, respaldado por 55 informadores de 27 medios de comunicación diferentes, critica la apertura de una investigación que, según afirman, «puede afectar gravemente al derecho de la sociedad a una información veraz sobre procedimientos judiciales de enorme trascendencia». Este pronunciamiento colectivo subraya la importancia del secreto profesional y el derecho de los periodistas a no revelar sus fuentes, derechos que están protegidos por la Constitución Española y son considerados fundamentales en un Estado democrático.
El trasfondo de las imputaciones
La controversia surge a raíz de una investigación judicial en la que una jueza de Madrid ha citado como investigados a cuatro periodistas de El País, El Mundo y 20 Minutos. Esta citación se produce después de que la fiscal jefa provincial, Pilar Rodríguez, también imputada por el Tribunal Supremo, presentara una queja ante el magistrado Ángel Hurtado por las filtraciones a la prensa del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre su teléfono móvil.
Según informa El País (2025), tras recibir la queja, el juez del Supremo dictó una providencia derivando el caso al decanato de los juzgados de Madrid, lo que condujo a la imputación de los periodistas por revelación de secretos, tipificado en el artículo 199 del Código Penal.
¿Una amenaza para la libertad de prensa?
Los periodistas firmantes del manifiesto alertan sobre el peligroso precedente que se está estableciendo. Señalan que si los profesionales que se limitan a cumplir con su deber constitucional de informar sobre asuntos de interés público son sometidos a investigaciones penales, tanto ellos como sus fuentes podrían sufrir un efecto disuasorio que los tribunales internacionales, europeos y españoles han considerado perjudicial para las sociedades democráticas.
El escrito ha sido remitido a figuras clave del sistema judicial español, incluyendo a la presidenta del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló; al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Celso Rodríguez Padrón; y a la jueza decana de Madrid, María Jesús del Barco.
Las quejas que originaron la investigación
La providencia dictada por el instructor del Supremo también daba curso a una queja presentada por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a otra del abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, imputado por fraude fiscal. Todas estas quejas recayeron en el Juzgado 20 de Madrid, que hasta el momento solo se ha pronunciado sobre la de la fiscal jefa provincial.
El secreto profesional en la mira
El texto firmado por los periodistas subraya que las quejas originales se dirigían contra las partes personadas en la causa del Supremo y no contra los profesionales de los medios de comunicación, quienes gozan del secreto profesional consagrado en la Constitución Española. Este secreto profesional es considerado una garantía frente a las injerencias del poder que intenten disuadir a los periodistas de cumplir con su función constitucional, tal y como señala el manifiesto.
El informe de la Guardia Civil: pieza clave en la controversia
El informe de la Guardia Civil, cuya difusión ha provocado la imputación de los redactores, es una pieza central en la instrucción abierta en el Supremo. Este informe, ampliamente difundido por los medios españoles, contenía los mensajes intercambiados por la fiscal jefa provincial con García Ortiz y otros fiscales de Madrid el día en que se publicó el correo del abogado de la pareja de Ayuso, cuya filtración se considera delictiva.
Según el informe, tras su imputación, el fiscal general cambió de teléfono móvil y borró todos los mensajes, impidiendo a los agentes recabar pruebas sobre su posible participación en la filtración. Sin embargo, el informe de la UCO sugería que García Ortiz había jugado un «papel preeminente» en los hechos, un argumento que sustenta gran parte de la instrucción.
La situación actual está generando un intenso debate sobre los límites de la libertad de prensa y el derecho a la información en España. La imputación de estos periodistas está siendo vista como una posible amenaza al ejercicio del periodismo de investigación y a la capacidad de los medios de comunicación para informar sobre asuntos de interés público sin temor a represalias.
