El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Mislata (Valencia) ha ordenado a la Guardia Civil que investigue la denuncia interpuesta por el pseudosindicato Manos Limpias contra la exdirectora del Instituto de las Mujeres Isabel García y la exasesora del PSOE en el Senado Elisabeth García por supuestos delitos de corrupción.
Investigación sobre presunta corrupción
La Guardia Civil ha sido encomendada para investigar las denuncias de corrupción a partir de una denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias. Manos Limpias acusa a Isabel García, ex directora del Instituto de las Mujeres, y a Elisabeth García, exasesora del PSOE en el Senado, de prevaricación, tráfico de influencias y falsedad en documento público relacionados con contratos de los llamados «puntos violeta» y otros proyectos.
contratos públicos bajo lupa
La denuncia acusa a las dos políticas socialistas de obtener más de 60 contratos públicos que les habrían reportado más de 250.000 euros. Estos contratos estarían relacionados con la gestión de los «puntos violeta», servicios orientados a la atención de mujeres en situaciones de riesgo o víctimas de delitos de violencia machista, y otros proyectos de igualdad y prevención de la violencia sexual.
Puntos violeta en entredicho
Los puntos violetas son servicios que se instalan en eventos públicos para brindar apoyo a las mujeres. La denuncia alega irregularidades en los contratos para la puesta en marcha de estos puntos y en la adjudicación de otros proyectos relacionados con la igualdad de género.
Empresas involucradas
La denuncia también señala a las consultoras Elig e Imber Consultoría, creadas por Isabel García y Elisabeth García, respectivamente. Manos Limpias sostiene que estas empresas se habrían beneficiado de contratos con las administraciones públicas mientras sus directoras ocupaban cargos públicos, lo que podría implicar un conflicto de intereses.
El juzgado ha pedido un informe al Ministerio Fiscal sobre la competencia territorial para continuar la investigación, ya que los hechos denunciados podrían haber ocurrido en varias comunidades autónomas.
