La amnistía avanza lentamente en España, con menos de un centenar de beneficiarios tras dos meses
La justicia española está incumpliendo los plazos establecidos para la aplicación de la ley de amnistía, aprobada hace dos meses. Según los cálculos de EL PAÍS, menos de un centenar de las 486 personas que, según los cálculos de la Fiscalía General del Estado, pueden ser beneficiarias de la norma, han sido amnistiadas.
¿Qué está frenando la aplicación de la amnistía?
El principal obstáculo para la aplicación de la amnistía es la actitud de los jueces y tribunales, que en muchos casos están frenando su aplicación o incluso bloqueándola deliberadamente.
El Gobierno y sus socios, especialmente los independentistas, acusan a los jueces de bloquear deliberadamente una ley que no les gusta. Sin embargo, la mayoría de la judicatura considera que la amnistía no es de aplicación a los casos que investigan o que suscitan dudas legales.
Estas dudas legales han llevado a los jueces y tribunales a elevar consultas al Tribunal Constitucional y al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), lo que supone un frenazo en la aplicación de la ley y obligará a los interesados a esperar.
¿Quiénes son los principales beneficiarios de la amnistía?
Hasta ahora, la mayoría de los beneficiarios de la amnistía han sido activistas que se movilizaron a favor del procés y acabaron investigados, procesados, juzgados o condenados por delitos como atentado a la autoridad, desórdenes públicos o lesiones.
También se han beneficiado de la amnistía 50 policías que reprimieron las votaciones en el referéndum del 1 de octubre de 2017 o lesionaron a manifestantes en las protestas de 2019.
¿Qué políticos se han beneficiado de la amnistía?
Pese a que la amnistía se diseñó en parte para arreglar la situación procesal de los políticos que lideraron el procés, hasta ahora solo se ha aplicado a tres de ellos: la exsecretaria general de Esquerra Republicana, Marta Rovira; la exalcaldesa de Figueres, Marta Felip; y el exconsejero de Interior, Miquel Buch.
Los políticos que pensaron y diseñaron el texto para sí mismos han sido, paradójicamente, quienes han quedado (hasta ahora) más al margen de la amnistía.
El Tribunal Supremo concluyó, a principios de julio, que el delito de malversación atribuido a los líderes independentistas (los ya condenados, como Junqueras, y los procesados, como Puigdemont) no es amnistiable.
El instructor Pablo Llarena decidió incluso mantener vigente la orden de detención contra el expresident, que los Mossos no pudieron hacer efectiva el pasado jueves tras la breve y surrealista incursión del líder de Junts en Barcelona después de siete años huido.
Conclusión
La aplicación de la ley de amnistía en España avanza lentamente, con menos de un centenar de beneficiarios tras dos meses. Los principales obstáculos para su aplicación son la actitud de los jueces y tribunales, que en muchos casos están frenando su aplicación o incluso bloqueándola deliberadamente, y las dudas legales que han llevado a los jueces y tribunales a elevar consultas al Tribunal Constitucional y al TJUE.
