La Asociación de Jueces Catalanes pide a sus colegas que se comporten como tales y apliquen la ley de amnistía
La asociación de jueces catalanes Àgora se ha desmarcado de la gran mayoría de magistrados y se ha mostrado abiertamente a favor de la aplicación de la ley de amnistía con un mensaje, además, muy crítico con sus colegas: les pide que dejen de considerarse “como parte perjudicada o víctima” en el proceso y “vuelvan, ahora sí, al terreno de la legalidad y de la separación de poderes, de donde nunca debieron haberse alejado”.
"Hacemos un llamamiento al Poder Judicial español para que se comporte como tal", reza el texto.
Àgora hizo su aparición pública en enero de 2018, cuando eran evidentes ya las consecuencias judiciales que deparó el referéndum independentista del 1-O. Formada entonces por una veintena de jueces de talante “progresista” y “catalanista” (de los 800 que integran la planta judicial en Cataluña), la entidad (de ámbito estatal) nació para combatir “la judicialización de la política” y la “regresión” en el ámbito de las libertades y los derechos fundamentales.
Algunos de sus miembros habían pertenecido antes a la también progresista Juezas y Jueces para la Democracia.
La opinión desabrida de Àgora es, por tanto, minoritaria en la carrera, pero marca un punto de contraste en la aplicación de la ley de amnistía.
En el comunicado hecho público tras la entrada en vigor de la ley de amnistía, Àgora recuerda que se trata de “una ley más” y que es, por tanto, “de obligado cumplimiento”. “El solo hecho de que la opinión pública dude de si los jueces la aplicarán es un síntoma claro del déficit democrático que planea sobre el Estado”. Y, aunque admite que se trata de una “ley excepcional”, la asociación la ve con buenos ojos porque es consecuencia de “sorprendentes actuaciones policiales y judiciales difícilmente compatibles” con los principios que marcan el funcionamiento de los tribunales.
La mayoría de las asociaciones de jueces se han mostrado públicamente en contra de la ley de amnistía impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez. En especial, la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) que la considera “el principio del fin de la democracia”.
En marzo, tras conocer el texto consensuado por los partidos políticos, la APM y otras dos asociaciones (la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente) reiteraron su opinión de que la norma choca con la legislación europea y supone una vulneración del Estado de Derecho.
La progresista Juezas y Jueces para la Democracia ha mantenido un perfil bajo sobre el asunto.
El comunicado critica abiertamente las concentraciones de jueces que, vestidos con sus togas, se plantaron delante de juzgados y audiencias de toda España para expresar su rechazo a la medida de gracia. Son comportamientos “impropios del poder judicial”, añade el comunicado.
La entidad admite que es legítimo que los jueces planteen sus dudas ante el Tribunal Constitucional o ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Pero considera una “anomalía” que hayan circulado, a través de canales oficiales, documentos críticos con la amnistía, lo que denota “una actitud y predisposición en contra de la norma”. Àgora acusa a los jueces (y también a algunos fiscales) de mantener una “conducta impropia” y concluye que su aparente defensa de la separación de poderes es, en realidad, “un claro y gravísimo ataque” a esa separación.
