La Audiencia Nacional investiga a Alvise por financiación ilegal

La Audiencia Nacional investiga al eurodiputado Luis Pérez, conocido como Alvise, por un presunto delito electoral y de financiación ilegal de partidos políticos. El dirigente de Se Acabó La Fiesta (SALF) habría recibido 100.000 euros en metálico de un empresario para sufragar su campaña electoral en las pasadas elecciones al Parlamento Europeo.

La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por el empresario Luis Romillo, conocido en las redes sociales como Luis Cryptospain, en la que se autoinculpaba de haber entregado el dinero a Alvise durante la campaña electoral.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado enviar una exposición razonada al Tribunal Supremo para que investigue el caso, al considerar que existen indicios de delito contra Alvise.

Indicios de delito

Según el juez, los indicios de delito se basan en la denuncia de Romillo, los documentos y el informe pericial aportados, así como en la declaración judicial del empresario.

La investigación ha revelado que Alvise solicitó la colaboración de Romillo para crear una wallet (monedero virtual) con el objetivo de recibir donaciones anónimas que quedaran fuera de todo control público.

Estas donaciones estaban destinadas a sufragar los gastos de la campaña electoral de SALF, la plataforma electoral encabezada por Alvise.

El juez considera que los hechos podrían calificarse como delito de financiación ilegal del artículo 304 bis del Código Penal, que castiga con multa a quien reciba donaciones o aportaciones destinadas a un partido político, federación, coalición o agrupación de electores.

Además, el juez también considera que la conducta de Alvise podría ser constitutiva de un delito electoral, que consiste en el falseamiento de las cuentas electorales de los partidos políticos y agrupaciones de electores.

Reacciones

Alvise ha negado las acusaciones y ha asegurado que no ha recibido ninguna donación ilegal.

El partido SALF ha mostrado su apoyo a Alvise y ha calificado las acusaciones de "falsas" y "difamatorias".

La Fiscalía Anticorrupción ha anunciado que abrirá una investigación paralela al caso.

El Tribunal Supremo deberá decidir ahora si abre una causa contra Alvise y si investiga también al empresario Romillo.