La Audiencia Nacional y la Fiscalía Europea se disputan la competencia en el caso Koldo
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha defendido su competencia para investigar el caso Koldo, por lo que ha rechazado entregar la investigación a la Fiscalía Europea, que reclamó las diligencias el pasado 30 de mayo. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional ha elevado el asunto al Tribunal Supremo para que resuelva cuál es el órgano competente para indagar en las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante el principio de la pandemia, desde los gobiernos de Canarias y Baleares, o incluso varios ministerios.
Mientras el alto tribunal resuelve la cuestión de competencia, el instructor solo podrá acordar diligencias que se consideren urgentes. En un auto dictado este lunes, el magistrado acepta la petición que la semana pasada hizo la Fiscalía Anticorrupción de plantear una cuestión de competencia.
Los argumentos de la Audiencia Nacional
La fiscalía especial contra la corrupción y la criminalidad organizada en corrupción enfatizó en su escrito que el órgano comunitario no puede asumir la totalidad de la causa ya que hay más intereses nacionales perjudicados que europeos. El juez de la Audiencia Nacional comparte esta tesis y subraya que los hechos investigados, que se enmarcan en los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y contra la hacienda pública, no perjudican a las finanzas europeas.
Tampoco considera que los ilícitos investigados estén “indisociablemente vinculados” con los delitos que son competencia de la Fiscalía Europea. Así, el juez Moreno descarta todos los escenarios en los que el ministerio público europeo puede entrar en juego.
La postura de la Fiscalía Europea
La Fiscalía Europea, con sede en Luxemburgo, ya asumió el pasado mes de marzo la investigación del suministro de mascarillas suscritos por los servicios de salud de Baleares y Canarias, si bien a finales de mayo, tras analizar un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el caso, anunció que avocaba la totalidad del mismo, al entender que las adjudicaciones bajo sospecha encajan en una sola trama que operaba en diferentes partes.
En este sentido, consideró que lo más lógico es que encargue de toda la investigación, puesto que en algunos expedientes afecta a cuantías económicas procedentes del presupuesto de la UE.
El Tribunal Supremo tendrá la última palabra
El juez Moreno rebate este criterio de la Fiscalía Europea al considerar que el jugado de instrucción que dirige no solo es el competente para investigar el caso Koldo —causa que recibe el nombre de Koldo García, quien fuera asesor del socialista José Luis Ábalos durante su etapa como ministro de Transportes—, por los intereses afectados; sino porque, según indica en su resolución, la Audiencia Nacional se encuentra en “mejores condiciones” que la Fiscalía Europea para investigar y ejercer la acción penal en los delitos antes mencionados, salvo en las infracciones que afecten de forma directa a los intereses de la UE.
Según explica el magistrado, la Audiencia Nacional asume “desde hace varias décadas” procedimientos cuyos hechos a investigar se han producido tanto en territorio nacional como en el extranjero cometidos por organizaciones delictivas “sin que el carácter específico de los delitos objeto de investigación en el presente procedimiento puedan constituir una grave amenaza para los intereses financieros de la Unión o para el prestigio de sus instituciones y la confianza que los ciudadanos depositan en ellas”.
Desde que la Fiscalía Europea comenzó a funcionar en España hace tres años, ya ha habido alguna que otra discusión con Anticorrupción por la competencia de determinados casos. El primero de ellos fue por las comisiones que el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Tomás Díaz Ayuso, que cobró también por unos contratos de compra de material sanitario durante la pandemia. En este caso, como las diligencias aún se encontraban en manos del ministerio público, y que finalmente acabaron en archivo, la cuestión de competencia la resolvió la Fiscalía General del Estado.
En el caso actual, como la investigación ya se encuentra judicializada, será el Tribunal Supremo el órgano que determine la competencia.
