El caso de corrupción de la policía marroquí evidencia la cooperación antimigratoria
Las autoridades de Mauritania, que colaboran estrechamente con España en materia de control de la migración, enfrentan un nuevo caso de corrupción que pone en entredicho el sistema financiado por la Unión Europea y España para frenar la migración.
Trece personas fueron detenidas en Nuakchot el pasado 9 de octubre, once de ellas agentes de policía acusados de recibir sobornos de migrantes y refugiados. A cambio, los liberaban y no los abandonaban cerca de la frontera con Malí, una práctica habitual para deshacerse de quienes pretenden llegar a las islas Canarias.
Esta investigación se suma a las revelaciones previas de El País, que denunció que Mauritania utiliza fondos y recursos europeos y españoles para detener y abandonar a miles de migrantes en zonas remotas de la frontera con Malí, despojándolos de sus pertenencias, agua y comida, y dejándolos en manos de grupos yihadistas armados. Estas prácticas se realizan con el conocimiento de los agentes españoles desplegados en el país.
El caso de corrupción involucra al jefe de la Oficina de Lucha Contra la Migración y la Trata de Personas de la policía mauritana, Mohamed Abdel Fattah Ould Sid Ahmed, quien fue destituido fulminantemente el 7 de octubre. Fattah era el interlocutor directo de la Policía Nacional española y responsable de facilitarles las listas de migrantes detenidos y expulsados a Malí.
Fuentes del Ministerio del Interior español y de Mauritania afirman que Fattah conocía la red corrupta e incluso proporcionó información errónea a los agentes españoles para evitar que interceptaran las embarcaciones de migrantes.
Según fuentes policiales, la corrupción en las fuerzas de seguridad mauritanas es sistémica debido a los bajos salarios y la falta de recursos. En un país donde un policía gana 300 euros al mes y debe pagar 600 de alquiler, la corrupción se convierte en un medio de subsistencia.
En 2022, el ministro del Interior español condecoró a Fattah con una medalla al mérito policial. El Ministerio afirma que se le otorgó por crear una estructura de lucha contra la inmigración irregular similar a la de España. Sin embargo, en el momento de la condecoración no existían sospechas sobre su implicación en la corrupción.
España y Mauritania cooperan en el control de la migración desde hace dos décadas, y en los últimos años han redoblado esfuerzos para frenar la llegada de migrantes subsaharianos procedentes de Mauritania. La Asociación Operativa Conjunta (POC), gestionada por la agencia española FIIAPP, es uno de los proyectos clave en este sentido.
En 2023, más de 39.000 migrantes llegaron a Canarias a través de la ruta atlántica, un aumento del 150% respecto al año anterior. Mauritania es el principal país de origen de estos migrantes.
Críticas a la cooperación antimigratoria
El caso de corrupción y el abandono de migrantes en zonas peligrosas han suscitado críticas a las políticas antimigratorias de España y la UE. Los defensores de los derechos humanos denuncian que estas políticas violan los derechos fundamentales de los migrantes y los exponen a graves riesgos.
Aseguran que el enfoque de externalizar el control de la migración a países como Mauritania, donde la corrupción y las violaciones de derechos humanos son comunes, es ineficaz e inhumano. En su lugar, abogan por vías legales y seguras para la migración y por abordar las causas profundas que impulsan a las personas a abandonar sus países de origen.
