La alcaldesa 'ultra' de Ripoll hostiga a la izquierda con expedientes y sanciones
El mandato de la alcaldesa ultranacionalista Sílvia Orriols en Ripoll (Girona) no solo está teniendo consecuencias para los inmigrantes, que ven cómo se desvían ayudas a otros colectivos o cómo se postergan sus peticiones de empadronamiento. También los grupos de izquierdas denuncian ahora que están siendo víctimas de una campaña de “represión política” orquestada con el pretexto de cumplir estrictamente las ordenanzas municipales.
La imposición de multas por pegar carteles a destacados activistas locales o el cierre temporal del casal popular La Metxa han provocado un malestar creciente, que este domingo toma forma con una manifestación “contra el fascismo” convocada en la plaza del Ayuntamiento contra las políticas impulsadas por la líder de Aliança Catalana y diputada en el Parlament catalán.
Orriols llegó a la alcaldía de Ripoll tras ganar las elecciones municipales de 2023 con un discurso centrado en combatir la inmigración, en especial la de origen musulmán. En esta localidad montañosa, con uno de los índices de extranjeros más bajos de Cataluña, nacieron y crecieron sin embargo los autores de los atentados de Barcelona y Cambrils, lo que dejó una herida abierta que la candidata supo explotar a su favor.
Polémicas decisiones
El pasado abril, Orriols dio una muestra de su rechazo activo al islam: vetó el cartel ganador de las fiestas locales, obra de la artista Ivonne Navarro, porque en él aparecía el dibujo de una joven que lucía un velo islámico (hiyab) en la cabeza.
Las protestas por la intromisión de la alcaldesa no se hicieron esperar. Las paredes del pueblo aparecieron, en los días siguientes, con decenas de reproducciones del cartel censurado.
La acción reivindicativa tuvo consecuencias: el consistorio abrió expedientes sancionadores contra cuatro personas a las que, supuestamente, identificó como responsables. El motivo formal de esas sanciones es que la ordenanza de civismo prohíbe “ensuciar o deslucir edificios” (infracción grave) y también “colocar carteles fuera de los lugares destinados a ese efecto” (infracción leve), lo que puede suponer para cada uno de los afectados el pago de una multa de un máximo de 2.250 euros, según el texto legal consultado por este diario.
Una de las sancionadas es Carme Brugarola. Vecina de Ripoll, exconcejal de ICV, escritora y activista contra el fascismo, Brugarola cree que la decisión forma parte de una campaña de “represión” impulsada por Orriols contra la disidencia política en el municipio, donde Aliança Catalana logró el año pasado 1.402 votos (31%) y seis ediles que, dada la incapacidad del resto de grupos para armar un gobierno, le permitieron hacerse con la vara de mando al ser la lista más votada.
“No diré que me siento perseguida o vigilada en el pueblo, pero sí incómoda”, explica Brugarola, quien denuncia que en los lugares donde actuaron “siempre se habían enganchado carteles” sin más repercusión y que ningún agente la identificó en el momento de los hechos.
Orriols niega toda voluntad represora y asegura que no hay “trasfondo político” en los expedientes abiertos. “La única directriz política es que hay que hacer cumplir las ordenanzas”, explica en conversación telefónica con este diario.
La alcaldesa de Aliança Catalana, un partido de extrema derecha independentista que ha logrado irrumpir en el Parlament con dos diputados, asegura que se han abierto un total 12 expedientes por enganchar todo tipo de carteles en la población y que entre los sancionados hay “casas rurales, partidos, ayuntamientos y particulares”.
“Hasta ahora había colectivos que parecían tener inmunidad para saltarse las normas”, agrega en alusión a otra decisión polémica que este domingo llevará a Ripoll a manifestantes antifascistas: el cierre de La Metxa.
El cierre de La Metxa
La Metxa es un “casal popular” vinculado a la izquierda independentista catalana que organiza actividades sociales y culturales en Ripoll. Funciona desde 2016, pero hace dos años se trasladó a un nuevo local que antes había acogido una mercería.
“Presentamos la documentación genérica que pensamos que había que presentar. El ayuntamiento incluso hizo de intermediario. Y durante dos años no nos dijeron nada. Hasta que llegó Aliança”, explica Joana Ortega, portavoz del colectivo.
La sorpresa llegó en mayo, tras las fiestas de Sant Eudald y la controversia del cartel: el ayuntamiento les envió un requerimiento para presentar la documentación oportuna junto a una orden de cierre temporal del local porque suponía “un riesgo para la seguridad y la convivencia”.
La Metxa ha permanecido cerrada hasta septiembre, cuando el colectivo logró presentar alegaciones. “La orden demuestra que hay una persecución política y una intención clara de detener nuestra actividad”, afirma Ortega.
La alcaldesa asegura que, además de no especificar la licencia, el local “vendía alcohol”, lo que suponía “una competencia desleal” que había provocado “muchas quejas de otros establecimientos”, unas acusaciones que la portavoz del casal niega: “Es un espacio social. La gente puede traer aquí su bebida, pero no vendemos”.
Las decisiones de Orriols, en cualquier caso, han conducido a la convocatoria de una manifestación, este domingo, por parte de colectivos que se sienten amenazados en Ripoll (el municipio más poblado de todos los que gobierna la extrema derecha en solitario en España), pero también en el resto de Cataluña. El comunicado de los organizadores advierte de que la política “autoritaria” de Orriols no es un asunto local porque su objetivo es “intimidar las iniciativas populares” surgidas para combatir un discurso de odio que “enfrenta a la población”.
En la conversación con este diario, la alcaldesa ha pedido a los Mossos que protejan el municipio por miedo a incidentes y ha arremetido contra la protesta: “Son forasteros. Vienen de fuera para cuestionar el voto de los ripolleses. Es vergonzoso. Si quieren tumbar este gobierno, que ganen las elecciones”.
