La Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado la imputación del eurodiputado y líder del partido ultraderechista Se Acabó la Fiesta (SALF), Alvise Pérez, por su presunta implicación en los altercados ocurridos durante las protestas contra el PSOE en noviembre de 2023 frente a la sede del partido en la calle Ferraz. Pérez está acusado de desórdenes públicos por difundir una serie de publicaciones en su canal de Telegram, que entonces contaba con más de 300.000 seguidores, entre los días 5 y 7 de noviembre de 2023.
Según fuentes jurídicas, los mensajes de Pérez “incitaron públicamente a cometer desórdenes públicos, a llevar a cabo acciones que pudieran ser calificadas de atentado y resistencia contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones e incluso a elaborar y emplear sustancias que podrían ocasionar un gran perjuicio contra la salud de las personas”. La Fiscalía sostiene que el canal de Telegram de Alvise, que hoy tiene más de 700.000 seguidores, es “abierto al público” y tiene “una elevada capacidad de difusión”.
El PSOE celebra la imputación de Alvise Pérez
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha celebrado la decisión de la Fiscalía de imputar a Alvise Pérez. En un comunicado, el partido liderado por Pedro Sánchez ha señalado que “el acoso al que se nos sometió —y al que se nos somete todavía en algunas casas de pueblo— no cabe en democracia”.
El PSOE ha denunciado que el “listado supera con creces la barrera de los 100 ataques” precedidos por “discursos de odio lanzados por Vox y el PP”, a los que acusa de no condenar esta violencia. En su canal de Telegram, Alvise ha escrito sobre la decisión de la Fiscalía: “Ni a Puigdemont ni a los golpistas prófugos; la persecución es contra Alvise Pérez por organizar y apoyar las protestas pacíficas de Ferraz. PP y Vox callados. Esto es ya Venezuela. Misma opresión, y misma oposición cobarde”.
Otras investigaciones contra Alvise Pérez
Las protestas en Ferraz no son el único frente judicial que Alvise Pérez tiene abierto. La Audiencia Nacional reclamó en diciembre al Supremo que lo investigue por un posible delito de financiación ilegal por haber supuestamente recibido 100.000 euros en metálico de un empresario para sufragar su campaña electoral en las europeas. La Audiencia de Sevilla, por su parte, detectó en octubre indicios de delito de una posible revelación de secretos en la publicación en su canal de Telegram de una foto de la hija del presidente del Gobierno.
El grupo del Europarlamento Conservadores y Reformistas, al que pertenecen entre otros partidos los Hermanos de Italia, acogió el mes pasado a dos eurodiputados de Se Acabó la Fiesta, pero no a Alvise.