La Fiscalía pide que Aguirre declare como testigo en el juicio por la caja b del PP de Madrid
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la Audiencia Nacional que Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid y del PP autonómico, declare como testigo en el juicio sobre la caja b del partido regional. El ministerio público, a cuyo escrito de acusación ha tenido acceso EL PAÍS, considera indispensable escuchar la versión de la exdirigente popular, que permaneció imputada durante tres años por la supuesta contabilidad paralela urdida en el seno de la formación que dirigió, aunque la acusación se archivó finalmente contra ella por falta de pruebas.
En la futura vista oral, para la que aún no hay fecha fijada, siete personas se sentarán en el banquillo: entre ellas, Francisco Granados y Beltrán Gutiérrez, quienes ocuparon respectivamente los puestos de secretario general y gerente del PP de Madrid en la era de Aguirre.
Aguirre, en el epicentro de la trama
Esperanza Aguirre, que llegó a aglutinar un enorme poder en el PP de Madrid y que amagó incluso en 2008 con disputarle a Mariano Rajoy el liderazgo del partido nacional, permaneció imputada tres años en las pesquisas sobre la financiación irregular del partido regional, una línea de investigación abierta dentro del llamado caso Púnica. Su figura se situó en el epicentro de la trama, ya que ella fue una de las grandes beneficiarias de la caja b: los fondos obtenidos se destinaban a sus campañas electorales y se desvió dinero para pagar una campaña de reputación online a su favor. Además, la política encabezó los tres órganos donde anidó la corrupción —Gobierno regional, PP de Madrid y Fundescam (Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad Autónoma de Madrid)—.
Sin embargo, con el respaldo de la Fiscalía, el juez Manuel García-Castellón decidió en 2022 archivar la causa contra Aguirre por falta de pruebas. Los investigadores consideraron que no contaban con indicios suficientes para ir más allá de la imputación y proponer sentarla en el banquillo. De esta forma, limitaron la responsabilidad de la financiación irregular a Francisco Granados, quien fuera mano derecha de la presidenta y para quien el ministerio público pide casi ocho años de prisión; y a Beltrán Gutiérrez, para el que solicita tres años y medio de reclusión.
Una trama para financiar campañas electorales
El escrito de acusación de la Fiscalía constituye un verdadero viaje a las entrañas del PP de Madrid. La pasada semana, después de que el juez abriera juicio oral contra Granados y Gutiérrez, el portavoz popular en la Asamblea regional, Carlos Díaz-Pache, despejó balones y aseguró que, con la desimputación de Aguirre por falta de pruebas, ya había "quedado claro que no había financiación irregular" de la formación y limitó el juicio a supuestas ilegalidades cometidas por "personas concretas". Pero el documento de Anticorrupción echa por tierra esa tesis.
El escrito de la Fiscalía describe una trama para que el PP de Madrid obtuviera recursos irregulares para financiar sus campañas electorales y acudir dopado a las urnas. El ministerio público habla de entregas de dinero en efectivo, del uso de empresarios "afines", de contabilidad paralela... Toda una red que partía del corazón del partido: "Francisco Granados y Beltrán Gutiérrez, aprovechando sus cargos orgánicos dentro de la formación política, se concertaron [en 2011] para —de forma similar a campañas anteriores—, buscar, localizar y tratar con compañías de publicidad afines a las que encargar actos electorales que serían abonados al margen de los procedimientos regulados [...] y ocultados, posteriormente, a la Cámara de cuentas de la Comunidad".
La caja b, fuente de financiación
"La principal fuente irregular de captación de recursos fue a través de aportaciones de dinero en efectivo que le eran entregadas, directa o indirectamente, al secretario general", prosigue el ministerio público: "Una vez entregadas, él mismo registraba los pagos de forma manuscrita en una libreta negra. Tras lo cual, descontaba de las cantidades una cuantía que retenía para si o para terceras personas ajenas al partido y, el resto, lo hacía llegar al gerente, que se encargaba de hacer los pagos en efectivo que no deseaban hacer constar ante la Cámara de Cuentas". Una forma de actuar que venía de lejos dentro de la formación y que no se limitaba a ambos, según Anticorrupción: "La relación entre Granados y Gutiérrez era de plena confianza, pues [Gutiérrez] venía desarrollando esa labor con los diferentes secretarios generales de la formación y con los diferentes directores de las campañas, como nexo entre las personas que "recibían" el dinero en efectivo de terceras personas y, posteriormente, lo hacían llegar a la sede regional".
Testigos y partícipes a título lucrativo
La Fiscalía ha pedido a la Audiencia que, además de Aguirre, declaren como testigos una decena de cargos vinculados al PP: entre ellos, el también expresidente autonómico Ignacio González; Carlos Izquierdo, tesorero del PP de Madrid desde 2009 a 2016; y los exconsejeros regionales Javier Fernández-Lasquetty, Lucía Figar y Salvador Victoria. El ministerio público también solicitó que Aguirre y González se sentaran en el banquillo como partícipes a título lucrativo por beneficiarse de la trama —les reclama 26.000 euros y 28.293 euros respectivamente—, pero el magistrado García-Castellón lo desestimó.
