El fiscal rechaza el pedido de Mauricio Macri y ratifica que la causa por violencia de género continuará en la Justicia Federal
El fiscal Ramiro González, a cargo de la investigación por la denuncia por violencia de género contra el expresidente Mauricio Macri, rechazó el pedido de la defensa del exmandatario de pasar el expediente a la Justicia de San Isidro y ratificó que el trámite continuará en los tribunales federales de Comodoro Py.
En su resolución, el fiscal argumentó que "más allá de las calificaciones legales que eventualmente corresponda asignar de un modo definitivo a los hechos objeto del proceso, estos surgen de un relato que revela un contexto de violencia de género asentado sobre una relación asimétrica y desigual de poder que se ha desarrollado a lo largo del tiempo".
En ese sentido, continuó: "Estas características imponen un comportamiento prudente a la hora de definir la intervención del juez que habrá de intervenir en razón del territorio pues, justamente, el tiempo, el contexto y las formas violentas de ejercicio de poder que han sido denunciadas no pueden asignarse, de momento, a un enclave geográfico único y determinado", determinó.
La decisión de González llegó luego de que la defensa de Macri planteara que, por tratarse de hechos de violencia que habrían ocurrido en la Quinta de Olivos, el expediente debería pasar al Poder Judicial de San Isidro.
Sin embargo, el fiscal consideró que "las características de los hechos objeto del proceso sugieren con claridad que la declaración de incompetencia territorial" solicitada por Fernández "se presenta como prematura".
"Según la opinión del Ministerio Público Fiscal, corresponde que, por el momento, el caso quede bajo la competencia del Sr. juez federal delegante con el objeto de esclarecer los extremos relevantes de la pesquisa, determinar definitivamente el objeto procesal, y asignar las calificaciones legales del caso como paso previo a decidir, de un modo definitivo, acerca de la asignación territorial que corresponde", concluyó el fiscal.
Finalmente, advirtió que "lo contrario implicaría per se quede un modo apresurado y prematuro se asignen nuevos operadores al caso, se obture la investigación que se encuentra en curso y se incrementen los riesgos de revictimización que es, justamente, lo que la ley impone evitar".
