La ley de transparencia balear dificulta la denuncia ciudadana y debilita la protección ante irregularidades administrativas

La ley de transparencia balear pone en riesgo la denuncia ciudadana

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Cristóbal Milán, director de la oficina anticorrupción, denuncia que la nueva normativa dificulta el acceso a la información pública y debilita la protección ciudadana ante irregularidades administrativas.

La oficina anticorrupción de Mallorca cierra sus puertas. La nueva ley de Transparencia y Control de los Cargos Públicos de Baleares, impulsada por PP y Vox, contempla la liquidación de este organismo independiente que, en sus ocho años de vida, ha tramitado más de medio millar de denuncias. Cristóbal Milán, director de la oficina, lamenta esta decisión y advierte de sus graves consecuencias para la transparencia y la lucha contra la corrupción.

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Trabas al acceso a la información pública

Una de las principales críticas de Milán a la nueva ley es que dificulta el acceso ciudadano a la información pública. Las declaraciones de bienes y patrimonio de los altos cargos, hasta ahora públicas, pasarán a tener carácter reservado y solo podrán ser consultadas por determinadas administraciones. Además, la ley no contempla un régimen sancionador para quien incumpla esta obligación.

Debilitamiento de la protección ciudadana

Otro aspecto lesivo de la ley, según Milán, es la situación de desprotección en la que queda el ciudadano a la hora de presentar denuncias por irregularidades administrativas. "Al ciudadano le quedará la vía judicial, la fiscalía y la policía, pero ¿cómo te vas a la policía a presentar una denuncia de carácter administrativo? Un tema de urbanismo, de personal, de contratación pública... hasta ahora podías presentar en la oficina cualquier tipo de denuncia y nosotros investigábamos"

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Una oficina incómoda

Milán considera que el cierre de la oficina se debe a que ésta se ha convertido en un organismo incómodo para el gobierno regional. "Somos incómodos", afirma. Una de las investigaciones más recientes de la oficina anticorrupción implicaba directamente a la presidenta del Gobierno balear, Marga Prohens. La oficina acusaba al director general de Emergencias del Gobierno autonómico, Sebastià Sureda, de encabezar una trama de corrupción urbanística en el municipio de Campos. "Que este expediente lo precipitara o no, pues no lo sé. Por la forma que tenía la redacción original del texto de la nueva ley, pues todo parecía un poco precipitado, pero creo que la oficina sí se iba a cerrar. No sé decir si se precipitó por esa noticia. Somos incómodos", señala Milán.

Retroceso democrático

Milán lamenta la liquidación de la oficina anticorrupción y la considera un "retroceso democrático y en los derechos de los ciudadanos". "Espero que no sea el primero de más cierres, porque es un retroceso absoluto, un retroceso democrático y en los derechos de los ciudadanos", concluye.