Yolanda Díaz se dispone a llevar la Ley Trans a las empresas españolas

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, está a punto de llevar a las empresas la Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI (más conocida como Ley Trans). Lo hará tras pactar el correspondiente desarrollo reglamentario con patronal y sindicatos.

Medidas para erradicar la discriminación

La Ley Trans obliga a las empresas de más de 50 trabajadores a aplicar una serie de medidas y protocolos para avanzar en la "erradicación de la discriminación de las personas lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales (LGTBI)".

  • Formación en materia de derechos LGTBI para toda la plantilla.
  • Formación adecuada para las personas que participan en los procesos de selección, con el objetivo de erradicar los estereotipos en el acceso al empleo de las personas LGTBI.
  • Medidas para garantizar la utilización de un lenguaje respetuoso con la diversidad.
  • Promoción de la heterogeneidad de las plantillas para lograr entornos laborales diversos, inclusivos y seguros.
  • Integración, en su caso, en el régimen disciplinario de las empresas de infracciones y sanciones por comportamientos que atenten contra la libertad sexual, la orientación e identidad sexual y la expresión de género de las personas trabajadoras.
  • Garantía de protección contra comportamientos LGTBIfóbicos, especialmente a través de los protocolos frente al acoso y la violencia en el trabajo.

Negociación entre patronal y sindicatos

La adopción de estas medidas y su adaptación a empresas y sectores depende principalmente de la negociación entre patronal y sindicatos, puesto que se tienen que incluir dentro de los correspondientes convenios colectivos.

El diálogo no se podrá dilatar de manera indefinida, ya que el borrador de real decreto que desarrolla la Ley Trans prevé plazos para su implantación.

A partir de la entrada en vigor del real decreto, las empresas con más de 50 trabajadores tendrán tres meses para constituir una comisión negociadora para la adopción del reglamento contra la discriminación del colectivo LGTBI.

Una vez iniciada la actividad de esta comisión negociadora, se tendrá que alcanzar un acuerdo en los tres meses siguientes. Si no es así, las medidas del real decreto se aplicarán igualmente sin necesidad de negociación previa.