Las deportaciones masivas, un tema controvertido en Europa y Alemania
La propuesta de Pedro Sánchez de buscar vías alternativas para frenar la llegada de inmigrantes en cayuco ha suscitado críticas por parte del Partido Popular, que acusa al presidente del Gobierno de ir en contra de otros países europeos en su postura sobre las deportaciones masivas.
Sin embargo, los intentos de expulsión de inmigrantes por parte de gobiernos de diversa índole ideológica, como los socialdemócratas de Dinamarca y Alemania, la ultraderecha de Italia y el anterior ejecutivo conservador británico, se han visto obstaculizados, e incluso en ocasiones frustrados, por impedimentos legales y diplomáticos.
El marco legal de las deportaciones
La normativa europea concede a los Estados el derecho a deportar a un migrante sin permiso de estancia o cuya solicitud de asilo haya sido rechazada, a menos que la expulsión ponga en riesgo su vida o la decisión de retorno haya sido suspendida temporalmente.
Dificultades prácticas en las deportaciones
En la práctica, sin embargo, el deseo de un país de deportar a migrantes en situación irregular suele chocar con múltiples dificultades. Las deportaciones aumentan cada año, pero los datos de Frontex reflejan que la mayoría son retornos voluntarios.
Las deportaciones forzosas encuentran trabas burocráticas, legales, diplomáticas y, sobre todo, resistencia social en los países de origen, lo que lleva a los gobiernos a no aceptar dichas devoluciones.
Ejemplos de fracasos en las políticas de deportación
Un ejemplo de fracaso en la política de deportaciones es el Reino Unido. El ex primer ministro Rishi Sunak apostó su reelección en julio de 2022 a su plan de deportaciones a Ruanda.
La estrategia, iniciada por Boris Johnson en 2022, consistía en un acuerdo para trasladar a los solicitantes de asilo y migrantes irregulares que residieran en el Reino Unido al país centroafricano, con el objetivo de disuadir y frenar nuevas llegadas.
En la práctica, provocó el rechazo de la Iglesia anglicana, de buena parte de su partido y de diversas asociaciones humanitarias. Nunca logró contener el flujo migratorio y, además, fue bloqueado por la justicia británica y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que llegó a impedir el despegue del primer avión con destino a Ruanda.
Otro ejemplo es la promesa de mano dura y deportaciones de la ultraderecha en Italia. La primera ministra, Georgia Meloni, trató de emular el plan de Sunak con Ruanda al alcanzar un acuerdo con Albania para subarrendar la gestión migratoria fuera de la UE.
El pacto preveía la construcción de centros para deportar a los inmigrantes rescatados en el mar. Sin embargo, los centros aún no están operativos tras varios aplazamientos.
La situación en Alemania
Alemania es un faro de las políticas restrictivas de inmigración en Europa. El gobierno, formado por una coalición de socialdemócratas y liberales, ha logrado reducir el número de solicitudes de asilo endureciendo las condiciones para los refugiados y aumentando las deportaciones de inmigrantes irregulares.
El endurecimiento de la política migratoria ha incluido medidas como declarar seguras algunas zonas de Siria, lo que priva del derecho de asilo a los refugiados procedentes de allí.
El asesinato de tres personas en el atentado de Solingen del pasado viernes ha reavivado el debate sobre la seguridad y la migración y ha llevado a los socialdemócratas y conservadores a endurecer su discurso.
El canciller Olaf Scholz ha prometido intensificar las deportaciones y reducir el número de entradas irregulares en el país.
El líder de la oposición conservadora, Friedrich Merz, ha pedido deportaciones masivas y el cese de la llegada de refugiados de Siria y Afganistán, las dos nacionalidades más representadas entre los refugiados en Alemania.
Sin embargo, aplicar estas deportaciones masivas o enviar a los refugiados a Siria y Afganistán entraña múltiples dificultades. La ausencia de relaciones diplomáticas con los talibanes en Kabul o con el gobierno del presidente sirio, Bachar el Asad, impide ejecutar estas deportaciones y obliga a negociar con terceros países para expulsar a estos migrantes.
