La Ley de Transparencia cumple una década, marcada por avances y desafíos
La Ley Catalana de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno cumple una década de vigencia este mes de diciembre.
La norma, que nació en un contexto de descrédito hacia la política y los políticos, ha supuesto un avance en el acceso a la información pública y la rendición de cuentas por parte de las administraciones.
Avances y logros
Expertos y responsables de diferentes órganos relacionados con la ley coinciden en que el balance de estos diez años es positivo:
- Cada vez más ciudadanos acceden a más datos, de mejor calidad.
- Las administraciones han experimentado un cambio cultural sobre la rendición de cuentas.
La ley ha puesto la transparencia en la agenda de las instituciones y ha promovido la difusión de un alto grado de datos, facilitando el acceso de la ciudadanía a los mismos.
El acceso a datos sobre presupuestos o contratación pública, que hoy se dan por sentados, ha sido posible gracias a esta norma.
La obligación de publicar cierta información sobre la gestión, de manera activa por parte de las diferentes Administraciones, es una de las claves de la ley.
Este punto ha repercutido en la mejora del funcionamiento de las administraciones, especialmente en los ayuntamientos.
Asimismo, la ley ha contribuido a reforzar la ciudadanía, al permitirle exigir una mejor rendición de cuentas.
La transparencia dentro de las instituciones fomenta la integridad y la lucha contra la corrupción.
Desafíos pendientes
A pesar de los avances logrados, la Ley de Transparencia aún presenta algunos desafíos pendientes:
- Falta un régimen sancionador efectivo.
- Es necesario avanzar en el despliegue reglamentario.
- Hay que buscar fórmulas para que los municipios pequeños cumplan al mismo nivel que las grandes administraciones.
La falta de un régimen sancionador efectivo limita la efectividad de la ley. La norma insta a que sea la misma entidad que se ha negado a dar la información la que se autoinvestigue, lo cual no garantiza la imparcialidad.
El despliegue reglamentario también es insuficiente. Hay obligaciones homogéneas para entidades que son muy heterogéneas, lo que dificulta su cumplimiento.
Por último, existe una brecha entre las grandes administraciones y los municipios pequeños en cuanto al cumplimiento de la ley. Los municipios pequeños carecen de los recursos y el personal necesarios para cumplir con las exigencias de la norma.
Conclusión
La Ley Catalana de Transparencia ha supuesto un avance significativo en el acceso a la información pública y la rendición de cuentas en Cataluña.
Sin embargo, aún quedan retos por superar para garantizar su plena efectividad.
Es necesario abordar la falta de un régimen sancionador efectivo, avanzar en el despliegue reglamentario y buscar fórmulas para que los municipios pequeños puedan cumplir con la ley al mismo nivel que las grandes administraciones.
Sólo así se podrá consolidar la transparencia como un pilar fundamental de la democracia y la buena gobernanza.
