La Comunidad de Madrid tomó el 7 de marzo de 2020 una decisión que tendría trágicas consecuencias para miles de personas mayores y sus familias, según un estudio académico reciente. La investigación, liderada por el profesor canadiense François Béland, analizó los datos de la primera ola de la pandemia y concluyó que ese día las residencias de mayores comenzaron a sufrir un triaje que ha sido calificado de discriminatorio por organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Médicos Sin Fronteras.
Restricciones a las hospitalizaciones
El estudio confirma los hallazgos publicados por InfoLibre y las denuncias de los familiares de la residencia Monte Hermoso, un caso que causó conmoción el 17 de marzo, cuando se supo que al menos 19 mayores habían fallecido sin traslado al hospital tras un brote de COVID-19. El Hospital Clínico San Carlos llevaba al menos cuatro días rechazando ingresos.
La decisión de restringir las derivaciones se tomó el fin de semana en que los medios comenzaron a informar sobre la saturación en los hospitales. También era conocido entonces el colapso del sistema sanitario italiano, el país que en ese momento tenía el mayor número de muertes por COVID-19 después de China.
Protocolos controvertidos
El 18 de marzo, la Consejería de Sanidad envió a los geriatras los primeros protocolos de hospitalización, que sancionaron por escrito lo que ya estaba ocurriendo. Estos documentos, de los que se elaboraron cuatro versiones, pedían descartar la hospitalización de los mayores en silla de ruedas y grados mayores de dependencia, con el objetivo de evitar el colapso hospitalario.
Sin embargo, testimonios recabados por el periódico indican que hubo hospitales que rechazaron pacientes en función de su edad, un criterio que no aparece en los protocolos. Por otro lado, algunas residencias sufrieron un cerrojo absoluto durante casi un mes.
Responsabilidades sin esclarecer
El estudio suscita preguntas sobre quién tomó la decisión de limitar las hospitalizaciones. El principal responsable ha sido el exdirector de coordinación sociosanitaria, Carlos Mur, quien ha afirmado en sede judicial y parlamentaria que siguió órdenes de sus superiores. Sin embargo, todavía se desconoce quién dio esas órdenes.
Otra cuestión es por qué la Consejería de Sanidad elaboró unas directrices escritas que han comprometido política y judicialmente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y otros miembros de su Gobierno. Una posible explicación es que algunos geriatras se negaran a acatar las órdenes a menos que estuvieran por escrito, por temor a posibles consecuencias penales.
Consecuencias devastadoras
La investigación liderada por Béland destaca que, según otros estudios, durante la pandemia se produjo una saturación hospitalaria entre baja y moderada en muchos países de altos ingresos. Sin embargo, la presión sobre el sistema sanitario en España fue hasta siete veces mayor que en Francia, Suiza, Reino Unido, Bélgica, Dinamarca, Luxemburgo y Suecia.
España experimentó el mayor nivel de mortalidad por COVID-19 entre las personas mayores de 65 años de 12 países de la OCDE estudiados. Y España también tuvo la mayor mortalidad de personas que vivían en residencias.
En la Comunidad de Madrid, el exceso de mortalidad durante la primera ola de la pandemia (primavera de 2020) fue el mayor de las 17 comunidades autónomas. Y en Madrid la mortalidad dentro de las residencias fue, con diferencia, la mayor de todas. Según los datos oficiales, esa primavera murió una de cada cinco personas que vivía en una residencia.
Las familias de los fallecidos llevan más de cuatro años buscando justicia. Decenas de querellas por homicidio y omisión de socorro contra Ayuso y sus consejeros han sido archivadas, aunque la principal asociación que los patrocina, Marea de Residencias, ha anunciado recursos ante el Tribunal Constitucional.
