México instala nuevo Mecanismo de Protección a Pueblos Indígenas

El Gobierno mexicano ha dado un paso significativo en la protección de los derechos de los pueblos indígenas con la instalación del Mecanismo para la Implementación y Protección de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Este organismo coordinará las políticas públicas de las 17 secretarías de Estado, los órganos nacionales y las instancias legislativas para beneficiar a las comunidades indígenas.

Objetivos del Mecanismo de Protección

El Mecanismo de Protección tiene como objetivo proponer, definir y supervisar las políticas públicas, los planes, los programas, los proyectos y las acciones institucionales e interinstitucionales con pertinencia social, económica, cultural y lingüística para los pueblos indígenas.

Coordinación y Liderazgo

La Secretaría de Gobernación (Segob) presidirá el Mecanismo de Protección, mientras que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) asumirá la secretaría técnica. El Mecanismo de Protección se reunirá al menos una vez cada tres meses de forma ordinaria o extraordinaria.

Compromiso con la Justicia

La titular de la Segob, Rosa Icela Rodríguez, ha declarado que con este Mecanismo de Protección "se acabaron los tiempos en que eran invisibilizados, excluidos y discriminados". El Gobierno mexicano se compromete a atender las demandas de las comunidades indígenas y a garantizar el ejercicio de sus derechos.

Financiamiento y Presupuesto

El director general del INPI, Adelfo Regino Montes, ha informado que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2025 contempla alrededor de 220 mil millones de pesos para los pueblos y comunidades indígenas. Se espera que la Cámara de Diputados apruebe este presupuesto para apoyar a estas comunidades.

Casos de Desplazamiento y Violencia contra Indígenas en México

A pesar de los esfuerzos por proteger los derechos de los pueblos indígenas, persisten los casos de desplazamiento y violencia comunitaria. En Oaxaca, 10 mil familias indígenas han sido víctimas de destierro comunitario y desplazamiento interno forzado debido a la violencia política. Se han presentado 156 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para garantizar su retorno seguro a sus comunidades de origen.