Cambios en la Dirección de Inteligencia Criminal tras la marcha de jubilados
En un movimiento que está generando diversas reacciones, el Gobierno Nacional está confirmando una reestructuración en la Dirección de Inteligencia Criminal. Según informa ámbito.com, Ricardo Ferrer ha sido removido de su cargo tras el operativo policial que se está desplegando durante la marcha de jubilados el pasado 12 de marzo. En su lugar, Ramiro Anzit Guerrero está asumiendo como nuevo titular.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, está definiendo a Anzit Guerrero, quien previamente estuvo trabajando en Interpol bajo su gestión durante el gobierno de Cambiemos. Este abogado y doctor en Derecho Penal y Ciencias Penales por la Universidad del Salvador, también cuenta con una maestría en Estudios Estratégicos del Instituto Universitario Naval. Se está percibiendo este cambio como un movimiento interno dentro de la cartera de Seguridad, según fuentes consultadas por ámbito.com, y se está asegurando que Ferrer continuará colaborando en otras funciones.
El contexto de la remoción
La decisión de remover a Ferrer está sucediendo tras las controversias generadas por el operativo policial en la marcha de jubilados. Aunque desde el Ministerio de Seguridad se está negando cualquier conexión entre este movimiento y el accionar de las fuerzas durante la manifestación, se está reiterando que el operativo fue «perfecto». Sin embargo, fuentes internas de la Casa Rosada están indicando que existe malestar con la forma en que se manejó la situación.
El operativo policial en detalle
El operativo, que está siendo ordenado por la ministra Bullrich, está desplegando un fuerte contingente policial que reprimió a manifestantes, incluyendo hinchas de fútbol que se unieron a la marcha de los jubilados frente al Congreso. El Ministerio de Seguridad de la Nación está reportando 114 detenciones y 20 heridos, entre ellos el fotógrafo Pablo Grillo, quien permanece hospitalizado. No obstante, la jueza Karina Andrade está ordenando la liberación de todos los detenidos al día siguiente, argumentando imprecisiones en la información proporcionada durante las detenciones.
El Ministerio de Seguridad está informando que, además de los detenidos, 26 miembros de las fuerzas de seguridad nacional y de la Policía de la Ciudad resultaron heridos, incluyendo un efectivo que fue operado tras sufrir una herida de arma de fuego. La situación está generando un debate sobre el uso de la fuerza y la proporcionalidad de la respuesta policial en manifestaciones públicas.
Reacciones y posibles implicaciones
La designación de Ramiro Anzit Guerrero está generando interrogantes sobre la dirección que tomará la política de seguridad. Su experiencia en Interpol bajo la gestión de Bullrich sugiere una continuidad en ciertas estrategias, pero su formación académica en derecho penal y estudios estratégicos podría introducir nuevos enfoques.
Según ámbito.com, las autoridades están enfatizando que no existen internas dentro del Gabinete y que la remoción de Ferrer es parte de una reestructuración planificada. Sin embargo, las fuentes internas de la Casa Rosada están contradiciendo esta versión, señalando que el operativo de represión generó descontento y críticas dentro del oficialismo.
El incidente en la marcha de jubilados está planteando desafíos significativos para el Gobierno. La represión de manifestantes y las detenciones masivas están generando controversia y críticas por parte de organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición. La liberación de los detenidos por orden judicial y las denuncias de imprecisiones en la información proporcionada por las fuerzas de seguridad están complicando aún más la situación.
El futuro de la seguridad interna
Con Ramiro Anzit Guerrero asumiendo la Dirección de Inteligencia Criminal, se está abriendo un nuevo capítulo en la política de seguridad interna. Su experiencia en Interpol y su formación académica sugieren que buscará fortalecer la coordinación entre las fuerzas de seguridad y mejorar la calidad de la información utilizada para la toma de decisiones. Sin embargo, el desafío principal será equilibrar la necesidad de mantener el orden público con el respeto a los derechos humanos y las libertades civiles.
La situación está evolucionando rápidamente y se espera que en los próximos días surjan más detalles sobre los cambios en la Dirección de Inteligencia Criminal y las posibles implicaciones para la política de seguridad del Gobierno.
La ministra Patricia Bullrich no ha emitido declaraciones adicionales sobre el tema, pero se espera que lo haga en breve. Se está prestando mucha atención a cómo se abordará la cuestión de la represión policial y cómo se garantizará el derecho a la protesta en futuras manifestaciones.
Según Ámbito Financiero, «la designación de Anzit Guerrero representa una apuesta por la continuidad en la línea de trabajo que se venía desarrollando en la Dirección de Inteligencia Criminal, pero con un enfoque más estratégico y basado en la evidencia». Se están analizando cuidadosamente las decisiones que se tomen en los próximos días, ya que tendrán un impacto significativo en la seguridad y la estabilidad del país.
