El juez procesa a exjefes de ETA por el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco
El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, ha procesado a cuatro exmiembros de la cúpula de ETA por el secuestro y asesinato del concejal del PP de Ermua, Miguel Ángel Blanco, en julio de 1997. El magistrado propone juzgarlos por delitos de secuestro y asesinato terrorista con agravante de alevosía, al considerar que se dan los requisitos de la autoría mediata (o intelectual) por dominio de la organización.
Los procesados, parte de la cúpula de ETA
Los procesados son José Javier Arizcuren, alias Kantauri; Mikel Albisu, Mikel Antza; María Soledad Iparraguirre, Anboto e Ignacio Miguel Gracia Arregui, Iñaki de Rentería. A pesar de no ser los autores materiales del atentado, el juez considera que, formando parte de la cúpula de ETA, podían haber impedido el asesinato de Blanco y no lo hicieron, lo que evidencia “una voluntad inequívoca en la producción del resultado”.
Responsabilidad por omisión
El juez explica que la autoría del secuestro y asesinato es por omisión, ya que los ahora procesados “ostentaban, como se ha señalado, suficiente capacidad de mando y de decisión sobre la actividad terrorista de la organización tanto como para haber podido tomar la decisión de que no se secuestrase a la víctima, como para evitar el desenlace último del secuestro al haber podido dar al comando Donosti de ETA la orden expresa y concreta de poner en libertad al Sr. Blanco Garrido y, a pesar de ello, no lo hicieron”.
Inducción al secuestro
El auto incluye los documentos incautados a ETA que demuestran, según el juez, que los procesados pudieron haber evitado el asesinato del concejal de Ermua. El magistrado relata que en 1997, en el marco de su “estrategia de desestabilización”, la cúpula de ETA decidió atentar contra miembros del PP, el partido que gobernaba, “utilizando un nuevo procedimiento: el secuestro de un militante del citado partido político bajo la amenaza del asesinato del mismo si el Gobierno no accedía a las exigencias que le eran planteadas por la organización terrorista”.
Petición de fianza
El juez impone a los cuatro procesados el pago de una fianza solidaria de dos millones de euros para hacer frente a posibles responsabilidades civiles en caso de condena.
Antecedentes
Esta causa, que se reabrió tras una querella de la asociación Dignidad y Justicia, es una de las abiertas en los últimos años en la Audiencia Nacional para tratar de juzgar a los exjefes de ETA como autores mediatos (una especie de inductores) de distintos atentados.
El auto de procesamiento, de más de 100 folios, analiza la actuación de la banda desde sus comienzos en los años 70 y explica que se trataba de una organización terrorista altamente jerarquizada en la que imperaba la disciplina, con una cadena de mando vertical y “militar” en la que las órdenes emanadas desde su “Comité Ejecutivo” llegaban a los comandos operativos para ser cumplidas.
