La oposición se queda sin porcentaje para promover la inconstitucionalidad de la reforma judicial
La oposición mexicana, integrada por los partidos PAN, PRI y MC, no cuenta con el porcentaje requerido para promover una acción de inconstitucionalidad contra la reforma al Poder Judicial aprobada recientemente. Esta situación les impide interponer una controversia constitucional, ya que la Constitución exige el respaldo de un tercio del Senado, lo que equivale a 43 senadores, y ellos solo cuentan con 42.
Ausencia de apoyo en el Senado
La oposición suma 42 senadores, incluyendo al emecista Daniel Barreda, quien no votó a favor de la reforma judicial. Sin embargo, este número es insuficiente para cumplir con el requisito de 43 senadores establecido por la Suprema Corte en una resolución previa.
Otras opciones legales
Ante la imposibilidad de promover una acción de inconstitucionalidad, la oposición considera acudir a instancias internacionales para reclamar la inconstitucionalidad de la reforma. Además, han hecho un llamado a gobiernos estatales y municipales para que impugnen la reforma a través de controversias constitucionales.
Amparos y controversias constitucionales
El PAN ha anunciado que también presentará amparos para reclamar violaciones al procedimiento legislativo durante la aprobación de la reforma constitucional. Sin embargo, la Constitución establece expresamente la improcedencia de amparos contra las reformas constitucionales.
Las controversias constitucionales, por otro lado, son conflictos entre Poderes o entre órdenes de gobierno que reclaman invasiones de facultades entre gobiernos o poderes estatales, municipales y federales.
"La oposición se quedó sin el porcentaje requerido para promover una acción de inconstitucionalidad contra la reforma judicial, por lo que solo le queda acudir a instancias internacionales o pedir apoyo a gobiernos estatales y municipales para impugnarla a través de controversias constitucionales", señaló Lorena López, periodista de Milenio.
Conclusión
La falta de porcentaje para promover una acción de inconstitucionalidad es un revés para la oposición mexicana, que ahora debe buscar otras vías legales para impugnar la reforma judicial. Las opciones incluyen acudir a instancias internacionales, presentar amparos (aunque su procedencia es dudosa) y alentar a gobiernos estatales y municipales a interponer controversias constitucionales.
