La nueva denuncia sobre el operativo de alcoholemia a los funcionarios rusos y la ambivalencia de la ley
El escándalo de los funcionarios rusos que se negaron a someterse a un control de alcoholemia continúa, sumando un nuevo capítulo. Se ha presentado una denuncia contra funcionarios de la ciudad de Buenos Aires por presunto abuso de autoridad, violación de los tratados internacionales, amenazas coactivas y privación ilegal de la libertad agravada.
Antecedentes del caso
El incidente ocurrió cuando los diplomáticos rusos Sergei Baldin y Timur Salomatin Cardmath se negaron a realizarse un control de alcoholemia en dos momentos diferentes del día. El abogado Javier Ignacio Baños, quien presentó la denuncia, argumenta que los funcionarios policiales utilizaron armas y ejercieron amenazas para obligar a los diplomáticos a bajar de sus vehículos y someterse a la prueba, lo cual considera ilegal y violatorio de sus privilegios e inmunidades.
Cabe destacar que el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto había notificado a todas las embajadas en Argentina sobre la obligatoriedad de los controles de tránsito para funcionarios rusos. Sin embargo, la cuestión radica en la posible contradicción entre las normas locales y las normas de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que establece que los diplomáticos deben respetar las leyes del país receptor.
Declaraciones oficiales
"Los agentes tienen potestad para realizar controles, sin hacer diferencia con las chapas diplomáticas", afirmaron desde la Secretaría de Tránsito de la Ciudad de Buenos Aires.
"Sin perjuicio de sus privilegios e inmunidades, todas las personas que gocen de esos privilegios e inmunidades deberán respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor", establece el Artículo 41 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.
Impacto del operativo
El operativo de alcoholemia durante las fiestas navideñas contó con un refuerzo de controles, lo que resultó en un aumento de las pruebas realizadas y de los conductores detectados con exceso de alcohol. De los 8.726 testeos realizados, 70 conductores superaron el límite permitido de 0,5 gramos de alcohol en sangre. La tasa de positividad se mantuvo similar al año anterior.
Consecuencias legales
Negarse a un control de alcoholemia en Argentina conlleva una multa equivalente a 1.000 UF (aproximadamente 630.200 pesos argentinos). Además, el uso de armas por parte de agentes policiales podría acarrear sanciones de 3 a 6 años de prisión o reclusión.
Importancia del caso
Este caso pone de manifiesto la tensión entre las normas locales y las normas internacionales en materia de inmunidad diplomática. La resolución del caso sentará un precedente para futuras situaciones similares y ayudará a aclarar los límites de la autoridad de los funcionarios locales sobre los diplomáticos extranjeros.
