La opacidad se instala en el Madrid de Ayuso: reclamaciones sin resolver desde 2022 y casos en un vacío
Transcurrido un año desde que el Gobierno regional asumiera el control del Consejo de Transparencia, la oposición denuncia el bloqueo del organismo ante la falta de recursos.
El pasado mes de mayo, el nuevo Consejo de Transparencia y Protección de Datos heredó un panorama desolador: dos reclamaciones sin resolver desde 2022, 153 desde 2023 y 180 registradas entre enero y mayo de 2024. Esta situación pone de manifiesto las dificultades a las que se enfrentan los ciudadanos de Madrid cuando discrepan de las respuestas de la Administración a sus solicitudes de información amparadas por la ley y recurren a esta institución para que determine quién tiene razón.
La situación no ha mejorado desde entonces. Con el nuevo consejo vinculado al Ejecutivo, que nombra a su presidente, apenas se habían resuelto 35 expedientes de los 335 heredados en mayo del organismo anterior, según datos oficiales. Este dato contrasta con el plazo de resolución de tres meses establecido por la Comunidad de Madrid.
Críticas de la oposición
Alicia Torija, de Más Madrid, lamenta que "se han cumplido nuestros peores vaticinios". "Los procedimientos en marcha han quedado bloqueados en un limbo, reflejo de la falta de voluntad en la misión encomendada, que se materializa en una mala dotación de recursos y un absoluto caos en la gestión de los bienes inmuebles".
Vox también se suma a las críticas. "El PP decidió modificar la ley para hacer depender del Gobierno el Consejo de Transparencia", recuerda el partido de Isabel Pérez Moñino. "El PP, con su mayoría absolutista, también eliminó el régimen sancionador en la Ley de transparencia", añaden.
Ante estas acusaciones, Ayuso y el PP han instado a la oposición a "dejar de mentir", asegurando que al frente del Consejo de Transparencia habrá "funcionarios" que "no le deben nada a ningún partido" y que, por lo tanto, "se presupone su independencia".
Antecedentes
El problema se remonta a diciembre de 2023, cuando el PP de Ayuso aprovechó su mayoría absoluta en las elecciones para sustituir el Consejo de Transparencia adscrito a la Asamblea de Madrid (donde todos los partidos negociaban a sus tres integrantes) por otro vinculado al Ejecutivo (que desde entonces nombra a su presidente y único miembro).
Esta maniobra formaba parte de una estrategia más amplia para reformar algunos de los contrapesos institucionales clave de la región: la Cámara de Cuentas, el Consejo de Transparencia y Telemadrid.
El organismo original encargado de la transparencia había sido objeto de atención por decisiones como mantener abierta la posibilidad de que una periodista accediera al expediente académico de Ayuso.
Un nuevo presidente con un pasado cuestionado
Para sustituir a los tres consejeros salientes, el Gobierno eligió a una sola persona: el presidente Jesús María González García, quien figura en la lista de altos cargos del Ejecutivo con un sueldo bruto anual de 96.210,60 euros.
A pesar de su trayectoria como catedrático de Derecho Procesal en la Universidad Complutense de Madrid y su experiencia como letrado del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, González García no tuvo que cumplir con el requisito de 10 años de experiencia acreditada en actividades relacionadas con el sector público, la transparencia y el acceso a la información pública.
Tras su nombramiento, González García se encontró con un cúmulo de 335 reclamaciones sin resolver heredadas del consejo anterior, fruto de la tormenta perfecta que afectó al organismo: falta de medios y una larga agonía de seis meses entre el anuncio de la sustitución de sus miembros y su reemplazo efectivo.
A pesar de que el plazo de resolución de los expedientes es de tres meses, a 4 de diciembre, solo se habían resuelto 35 de esas 335 reclamaciones, lo que representa apenas el 10%. El resto se encontraba en distintas fases de tramitación.
Falta de transparencia y rendición de cuentas
Esta lentitud ha llevado a Alicia Torija a denunciar una "alergia a todo lo que implique rendición de cuentas" por parte del Gobierno de Ayuso.
Además, la oposición critica que el Gobierno haya eliminado cualquier rastro del organismo anterior, impidiendo el acceso a sus resoluciones y dificultando el control ciudadano.
En definitiva, el panorama actual de la transparencia en Madrid es desalentador, con un Consejo de Transparencia bloqueado y una Administración que parece poco dispuesta a rendir cuentas a sus ciudadanos.
