Un juzgado de Almería ordena el desalojo de un asentamiento de migrantes donde viven nueve menores
Un juzgado de Almería ha ordenado el desalojo de un asentamiento de migrantes en el municipio de Níjar, donde viven unas 60 personas, entre ellas nueve menores. El desahucio está previsto para el próximo martes a las 9:40 horas.

El Ayuntamiento no ofrecerá alternativas
El Ayuntamiento de Níjar ha asegurado que no intervendrá en el desalojo, ya que considera que se trata de un "tema privado" y que no dispone de viviendas ni otros recursos para ofrecer a los residentes. Este es el tercer asentamiento que se desaloja en los últimos dos años en el municipio.

Las organizaciones sociales piden alternativas
Las organizaciones sociales han pedido que se ofrezca una alternativa a las familias que quedarán en la calle, ya que varias de ellas están empadronadas en el municipio. El Servicio Jesuita para Migrantes (SJM) espera poder acoger a algunos de los desalojados en un cortijo que gestiona en la localidad de Pueblo Blanco, aunque no tiene hueco para más. Almería Acoge también espera poder recibir a seis en uno de sus alojamientos temporales.

Los residentes buscan opciones
Los residentes del asentamiento llevan meses buscando vivienda, pero no encuentran nada para alquilar. Una de las familias ha declarado que se traslada a Murcia porque ha encontrado trabajo, y otra ha buscado hueco en casa de unos conocidos.
"Los residentes, que trabajan en los alrededores, llevan meses buscando vivienda. Pero no hay nada para alquilar, no tienen opciones y se van a quedar en la calle", advierte María Ruiz-Clavijo, del Servicio Jesuita para Migrantes (SJM).
El Plan de Erradicación del Chabolismo, pendiente
El Ayuntamiento de Níjar dispone de 72 viviendas en la zona de Los Grillos, que podrían acoger a casi 200 personas. Sin embargo, estas viviendas están cerradas y sin utilizar, a la espera de terminar su vallado perimetral y pavimentación exterior. El Ayuntamiento afirma que estas viviendas están pendientes de una cesión para que sean gestionadas por una entidad y que, de momento, no tienen ni luz ni agua.