Régimen de Nicolás Maduro reprime con dureza protestas postelectorales en Venezuela.

La directora para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, denuncia que hay 2.200 personas detenidas, 25 muertos y 20 desaparecidos.

A dos semanas de que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela declarara ganador a Nicolás Maduro de las elecciones presidenciales del 28 de julio, desatando una inmensa ola de protestas y represión, la directora de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juanita Goebertus, atendió a EL TIEMPO para hablar sobre la situación humanitaria en el país vecino y sus efectos en Colombia.

Estamos muy preocupados desde la noche del 28 cuando empieza a ser evidente que el ritmo al cual estaban entrando las actas empieza a frenarse y cuando la oposición empieza a denunciar que varios de los puestos de votación no les estaban permitiendo a los testigos tener acceso a las actas, con razón empiezan a salir venezolanos a ejercer su derecho a la protesta mayoritariamente pacífica, pero empieza a darse una represión brutal por parte del régimen.

A la fecha tenemos reportes de más de 2.200 capturas; estamos haciendo especial seguimiento a los reportes de 25 casos de muertos en protestas postelectorales, más de 90 heridos y más de 20 desaparecidos. Es realmente brutal la represión que está ejerciendo el régimen venezolano para evitar hacer lo que le corresponde que es publicar las actas y permitir veeduría internacional y ciudadana.

Con lo que conocemos de las actas que ha publicado ya la oposición y con lo que ha dicho de manera muy clara el Centro Carter, que era uno de los monitores electorales autorizados por el propio gobierno de Nicolás Maduro, es que es evidente que los resultados electorales dan cuenta de un triunfo muy significativo por parte de Edmundo González, el candidato de la oposición.

Lo primero que nos preocupa mucho es que están procesando de manera casi que automática por el delito de terrorismo. Esto es algo distinto a lo que se dio en las protestas de 2014 y 2017 y tiene una implicación muy grande y es que se les priva de la libertad de manera automática, los llevan a los tribunales de terrorismo en Caracas. Les hacen audiencias virtuales desde los centros de detención, en la mayoría de los casos sin acceso a la defensa de abogados de confianza y sin acceso a familiares.

En cuanto al tipo de víctimas, algunas protestaban, muy concentradas en barrios populares a diferencia de 2014 y 2017, especialmente en Caracas, donde se concentran sectores poblacionales más pobres y excluidos que usualmente apoyaban al chavismo y que votaron a favor de la oposición manifestándose públicamente en defensa de la transparencia electoral. Vemos también capturas de transeúntes incluso personas que no tenían nada que ver ni siquiera con la manifestación con la protesta y aun así están siendo víctimas directas.

Y por supuesto, el uso del amedrentamiento en redes sociales con la operación con Tun Tun para ir detrás de capturas más selectivas, en contra de manifestantes, de líderes políticos, defensores de derechos humanos, incluso de testigos electorales.

La CPI investiga crímenes de lesa humanidad en Venezuela

La Corte Penal Internacional desde su Fiscalía tiene abierta una investigación formal por la situación en Venezuela. Hay que recordar que la misión de los hechos creados por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas de Ginebra en sus varios informes ya ha llegado a la conclusión de que el régimen de Nicolás Maduro ha cometido crímenes de lesa humanidad, constitutivos de ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas y toda esa información que ha recolectado ha sido entregada a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.

Hasta el momento, el fiscal Khan ha hecho un proceso de colaboración con el gobierno de Nicolás Maduro en donde ha anunciado que la investigación continúa, se ha anunciado la apertura de una oficina en Caracas y que continúa recolectando información. Desde distintas organizaciones hemos insistido que estas nuevas dinámicas de represión deben ser incorporadas dentro de esta investigación y que esta debe avanzar cuanto antes hacia la solicitud de órdenes de captura.

Colombia debe garantizar protección a migrantes venezolanos

Colombia en especial debería tomar medidas para garantizar que estas personas que potencialmente son sujetos de refugio puedan acceder a territorio colombiano para solicitar cuanto antes su protección internacional como refugiados. Hace rato que la intervención fronteriza es necesaria, me preocupa mucho que no se entienda eso. Yo diría que a los buenos oficios del canal diplomático tienen que sumarse todos los esfuerzos territoriales para apoyar a los gobiernos locales en la recepción de migrantes, pero sobre todo para tomar medidas para garantizar la protección internacional de personas que están siendo perseguidas dentro de Venezuela por el rol que tuvieron durante la campaña opositora e incluso durante el escrutinio electoral.

El cierre de fronteras no reduce el flujo migratorio

Paradójicamente el propio presidente panameño reconoció que los cierres eran más filosóficos que reales. Y lo que nosotros hemos visto en terreno es que esa es la realidad. La gente en la práctica termina cruzando distintas maneras por la selva. Pretender imponer bloqueos no reduce el flujo migratorio, lo que hace es empujar a los migrantes a caminos más peligrosos, usualmente más vulnerables, a la presencia del crimen organizado y a violaciones a derechos humanos. No hemos visto que las medidas de Panamá hayan reducido el flujo de migrantes, muy por el contrario, hemos visto que los siguen exponiendo a pasos de inmensa peligrosidad y de riesgo.

Juan Pablo Penagos Ramírez

Periodista de Política