Gremios del agro en vilo por facultades del Ministerio de Agricultura sobre asociaciones campesinas
Una reciente decisión del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia está generando controversia en el sector agropecuario. La medida, que amplía las facultades de inspección, vigilancia y control sobre las asociaciones campesinas y agropecuarias, está siendo vista por los gremios como una amenaza a su autonomía y una concentración excesiva de poder en manos del Ministerio.
La resolución 000052 de 2025, que reglamenta la Ley 2219 de 2022, establece medidas preventivas y sancionatorias para aquellas asociaciones que, en el ejercicio de su actividad, excedan los límites de la ley. Sin embargo, los gremios del sector temen que esta norma abra la puerta a intervenciones arbitrarias y ponga en riesgo el derecho a la libre asociación, consagrado en la Constitución Política de Colombia.
Puntos clave de la controversia
La preocupación se centra en varios aspectos fundamentales:
- El alcance del control y vigilancia: La resolución otorga al Ministerio la potestad de aplicar medidas preventivas para evitar que las asociaciones excedan los límites legales o estatutarios.
- El impacto en la libre asociación: Los gremios advierten que la medida podría vulnerar el derecho constitucional a la libre asociación, permitiendo injerencias indebidas del Estado en entidades privadas.
- Las posibles sanciones: Se teme que las suspensiones temporales y las sanciones económicas impuestas por el Ministerio puedan afectar la viabilidad de las asociaciones.
- La carga administrativa: El cumplimiento de la nueva normativa podría generar una carga administrativa y económica significativa para las asociaciones, especialmente para las más pequeñas.
Temor a la extralimitación de funciones
El Consejo Gremial Nacional, que agrupa a 33 gremios afiliados, considera que la resolución representa una extralimitación de funciones y una amenaza directa a la libertad de asociación. Según la organización, la norma permite al Gobierno controlar y solicitar información financiera de gremios independientes, remover administradores y representantes legales, interpretar los estatutos gremiales según su conveniencia e intervenir en las asambleas sin justificación alguna.
«Esta resolución es gravísima porque, en nuestra opinión, va en contravía del artículo 38 y del artículo 39 de la Constitución Política de Colombia que garantizan el derecho a la libre asociación y sin intervención del Estado», afirmó Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC).
Reacciones del sector
La medida ha generado diversas reacciones en el sector agropecuario. Asociaciones como la Federación Nacional de Cafeteros, Fedepalma, Asocaña y las cooperativas de caficultores o productores en todo el país podrían quedar bajo la supervisión total del Ministerio. Aliadas, gremio de gremios, considera que la resolución excede el marco legal y constitucional al otorgar facultades inconstitucionales de control e intervención sobre las asociaciones campesinas, agropecuarias y gremiales.
«Esta resolución vulnera el derecho fundamental a la libre asociación y la libertad de empresa, sienta un precedente inaceptable para la democracia y abre la puerta a la instrumentalización política de la supervisión estatal», expresó Aliadas.
El exministro de Agricultura, Andrés Valencia, también ha manifestado su preocupación, alertando sobre la intención del Gobierno de «tomarse los gremios agropecuarios y quedarse con los recursos parafiscales» (Valencia, citado en El Tiempo, 2024).
Defensa del Ministerio de Agricultura
La ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Viviana Carvajalino, ha respondido a las críticas, aclarando que las funciones de control fueron asignadas legalmente por el Congreso de la República a través de la Ley 2219 de 2022, sancionada por el entonces presidente Iván Duque. Según Carvajalino, esta ley otorga al Ministerio y a las Secretarías de Gobierno municipales y distritales la facultad de supervisar y sancionar las actividades de estas asociaciones cuando no cumplan con los límites legales, estatutarios o los principios establecidos por sus fundadores.
«La ley asignó funciones de inspección, vigilancia y control para garantizar el cumplimiento de las normativas que rigen las asociaciones campesinas y agropecuarias», argumentó Carvajalino (citada en El Tiempo, 2024).
La ministra también subrayó que la resolución 052 de 2025 establece los procedimientos administrativos necesarios para ejercer estas funciones, asegurando la transparencia mediante la publicación de los proyectos de resolución en plataformas oficiales como el SECOP, con el objetivo de garantizar la participación ciudadana.
Implicaciones futuras
La controversia en torno a las nuevas facultades del Ministerio de Agricultura está generando incertidumbre en el sector agropecuario colombiano. Los gremios temen que la medida pueda afectar su autonomía, generar una carga administrativa excesiva y abrir la puerta a intervenciones políticas indebidas. Por su parte, el Gobierno defiende la legalidad de la norma y asegura que su objetivo es garantizar el cumplimiento de la ley y proteger los intereses de los pequeños y medianos productores.
El debate está en curso y las implicaciones futuras de esta medida aún están por verse. Lo que sí está claro es que la relación entre el Gobierno y los gremios del sector agropecuario se encuentra en un momento de tensión, y que el diálogo y la concertación serán fundamentales para encontrar soluciones que beneficien a todos los actores involucrados.
