La controversia por la elección popular de jueces
El presidente Gustavo Petro está generando una intensa polémica en Colombia tras su reciente propuesta de modificar el sistema de selección de jueces, sugiriendo que deberían ser elegidos por voto popular. Esta declaración fue realizada durante la posesión de Elizabeth Becerra Cornejo como magistrada del Consejo de Estado el pasado 7 de octubre de 2024. Petro, aludiendo a ejemplos de otros países como México, manifiesta que la democracia debe evolucionar y adaptarse a los deseos del pueblo, indicando que "las instituciones no son estáticas".
Reacciones de la Rama Judicial
La propuesta del presidente ha desatado una oleada de críticas y rechazos desde la Rama Judicial. La Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia se pronuncia al respecto, argumentando que esta iniciatva podría poner en riesgo la separación de poderes y amenazar la democracia en el país. Hermes Lara, presidente de esta corporación, afirma que "los contrapesos y los límites de los poderes son esenciales para evitar abusos de autoridad". Esta preocupación se agrava considerando el contexto actual de fricción entre el Ejecutivo y el Judicial, donde las altas cortes ya se sienten presionadas.
Expertos advierten sobre la propuesta
El abogado Julián Quintana, experto en derecho, critica abiertamente la propuesta de Petro. En su opinión, cambiar el método de selección de jueces a uno de elección popular no solo es inviable, sino que se orienta a un "descabezamiento" de la actual estructura judicial. Según Quintana, el sistema actual de concurso de méritos garantiza que los jueces sean seleccionados de manera objetiva, evitando sesgos ideológicos que podrían influir en su imparcialidad.
Este punto de vista se respalda por el marco legal colombiano que establece que los jueces deben ser elegidos mediante un proceso riguroso de evaluación que asegura su idoneidad. El abogado destaca que "este modelo es esencial para preservar la independencia de la justicia", un principio fundamental en cualquier democracia.
La mirada crítica hacia el presidente
Desde la presentación de esta propuesta, muchos críticos están acusando a Petro de intentar consolidar un poder excesivo. Comparaciones con regímenes autoritarios, como el de Venezuela, surgen en el debate. La posibilidad de que los jueces sean seleccionados en función de lealtades políticas en lugar de méritos profesionales ha levantado alarmas entre expertos en derecho y ciudadanos por igual. Quintana sostiene que "lo que busca Petro es rodearse de magistrados que apoyen sus políticas, erosionando así la autonomía del poder judicial".
Desaprobación en las encuestas
La situación se torna aún más compleja para el presidente Petro cuando se analizan las encuestas de aprobación de su gestión. La firma Guarumo y EcoAnalítica revela que su índice de desaprobación se ha elevado a niveles históricos, alcanzando un 62%. Este descontento generalizado se refleja no solo en la percepción sobre su liderazgo, sino también en cómo la ciudadanía interpreta sus propuestas, como la reciente idea sobre la elección popular de jueces. En ciudades clave como Medellín, un 71,7% de los encuestados desaprueba su gestión.
La respuesta del gobierno
A pesar de la creciente desaprobación, Petro parece determinado a continuar con sus propuestas reformistas. Durante su discurso en la posesión de Becerra, el presidente enfatiza la necesidad de cambios, sugiriendo que "las doctrinas jurídicas deben fluir con la vida". Sin embargo, muchos se preguntan si estas declaraciones son una mera respuesta a la crisis de popularidad que enfrenta.
Protestas y inasistencia de magistrados
La tensión entre el gobierno y la Rama Judicial se traduce en acciones concretas. En una señal de protesta, los presidentes de las altas cortes han decidido no asistir a la sanción presidencial de la reforma a la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, un evento que promete ser clave para el futuro de la justicia en Colombia. Solo un magistrado asistirá, evidenciando la ruptura de la relación entre estos poderes.
La propuesta de Gustavo Petro sobre la elección popular de jueces ha generado un profundo debate sobre la integridad de la democracia en Colombia. La resistencia de la Rama Judicial y el creciente descontento entre la población sugieren que la administración de Petro enfrenta un desafío monumental. El futuro de su propuesta y su impacto en la estabilidad del país dependerán de cómo el presidente gestione esta crisis y la respuesta de la ciudadanía y las instituciones. En este contexto, el desenlace de esta controversia podría tener consecuencias duraderas para la justicia y la política en Colombia.
