El Grupo Portuario de Buenaventura en medio de un conflicto con el gobierno de Gustavo Petro
El Grupo Portuario, una importante empresa que opera en el Puerto de Buenaventura, se encuentra en medio de un conflicto legal con el gobierno del presidente Gustavo Petro. El origen de esta disputa radica en el muelle 13, un área que el grupo portuario solicitó adicionar a su concesión por un periodo de 20 años.
Solicitud de ampliación de concesión
En diciembre de 2021, el Grupo Portuario inició los trámites para ampliar la concesión portuaria número 002 del año 2005, solicitando la incorporación de un plazo adicional de 20 años, extendiéndolo hasta el 2045, así como la inclusión del área conocida como muelle 13. Esta área, actualmente habilitada mediante un ejercicio de homologación con la Agencia Logística de las Fuerzas Militares desde 1994, es arrendada por el grupo portuario, que ha compartido las utilidades de la Unidad Portuaria con la Agencia.
Decisión del gobierno y revocación de la ampliación
Tras un proceso que involucró a diversas entidades públicas y privadas, el 22 de diciembre de 2023, el consejo directivo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) aprobó la ampliación de la concesión, emitiendo una resolución aprobatoria el 23 de diciembre. Sin embargo, el 28 de diciembre, la ANI declaró el decaimiento del contrato, revocando la extensión de la concesión.
Razones de la revocación
El Ministerio de Ambiente votó negativamente a la aprobación del contrato, argumentando que la inclusión de carga de carbón en la solicitud debía revisarse en función de los instrumentos ambientales vigentes. El Grupo Portuario afirma que nunca solicitó incluir carga de carbón, ya que sus instalaciones cuentan con licencias ambientales y planes de manejo ambiental desde 1992.
Propuesta de conciliación y negativa del gobierno
Ante la revocación de la ampliación, el Grupo Portuario ha intentado presentar propuestas de conciliación al gobierno, buscando continuar con el contrato y que la entidad reconsidere su decisión. Sin embargo, estas propuestas no han sido bien recibidas por el gobierno. El pasado 15 de agosto, en una audiencia de conciliación, un apoderado judicial de la ANI manifestó que el Comité de Conciliación había recomendado por unanimidad no conciliar con el Grupo Portuario.
Posible demanda contra el Estado
Como último recurso, el Grupo Portuario ha planteado la posibilidad de demandar al Estado por la decisión de revocar la ampliación de la concesión. Consideran que dicha decisión es ilegal, inoportuna y con falsa motivación. El grupo estima que los perjuicios por lucro cesante y daño emergente superan los 230 millones de dólares.
