La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputará cargos a 12 militares del Batallón La Popa de Valledupar por delitos de tortura y persecución, que se suman a los cargos de asesinato y desaparición forzada.
Atroces prácticas de exmilitares en falsos positivos
En el marco del conflicto armado colombiano, los falsos positivos fueron asesinatos de civiles inocentes por parte de la Fuerza Pública, con el fin de aumentar las cifras de bajas en combate. En el caso del Batallón La Popa, los militares sometían a sus víctimas a múltiples torturas, como:
- Castigos con hambre: Dejar a las víctimas sin alimentos por períodos prolongados.
- Restricciones de movimiento: Limitar los horarios y lugares de desplazamiento de las víctimas.
- Violencia física y psicológica: Golpes, amenazas y humillaciones.
Además, los militares cometían los asesinatos con motivaciones étnicas, pues las víctimas pertenecían a los pueblos indígenas Kankuamo y Wiwa.
Complicidad entre militares y paramilitares
La JEP también reconoció que los asesinatos ocurrieron en el marco de una relación de connivencia entre miembros de la Fuerza Pública y grupos paramilitares, quienes entregaban a las víctimas vivas o muertas a los militares.
Impunidad y búsqueda de justicia
La imputación de cargos por parte de la JEP es un avance en la lucha contra la impunidad de los falsos positivos. Sin embargo, aún queda un largo camino por recorrer para esclarecer todos los casos y brindar justicia a las víctimas y sus familias.
"Este crimen se enmarca en un contexto donde ciertos comparecientes ejercieron medidas de control social, como restricciones alimentarias, limitaciones arbitrarias de horarios y restricciones de tránsito y circulación para la población", explicó la JEP.
