La promesa del Gobierno de Gustavo Petro de alcanzar la "paz total" cumple dos años inmersa en una notable desconexión con la política de seguridad, que ha generado graves impactos humanitarios, dudas jurídicas y serios problemas metodológicos. Esta es la conclusión que presenta la Fundación Ideas para la Paz (FIP) en su más reciente balance sobre la política de paz de la administración Petro.
Cifras Poco Alentadoras
La FIP realizó un análisis de los indicadores humanitarios y concluyó que, según datos del Ministerio de Defensa, la Policía y la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, durante los primeros años de este gobierno se ha registrado un aumento de las afectaciones contra la población civil. En comparación con el primer año de Petro, el segundo año muestra un incremento del 7% en el desplazamiento forzado masivo, del 71% en el confinamiento y del 42% en los casos de reclutamiento forzado. Además, se registró un aumento del 2% en la cifra de líderes sociales asesinados, siendo el periodo entre julio de 2023 y junio de 2024 el segundo con más casos en los últimos seis años.
"La principal promesa de la paz total fue una mejora en las condiciones de seguridad y en las condiciones humanitarias, y dos años después no podemos decir que eso haya mejorado, y eso tiene que ver con que el equilibrio entre paz y seguridad no está bien equilibrado", señaló Andrés Preciado, director de Conflicto y Seguridad.
Fragmentación de las Disidencias
La fragmentación de las disidencias de las FARC fue un duro revés para la promesa de la "paz total" por dos motivos principales. En primer lugar, porque la facción que se quedó en la mesa, liderada por alias "Calarcá", agrupa solo el 40% de los hombres armados. En segundo lugar, porque esta división podría generar enfrentamientos entre los antiguos aliados por el control territorial.
"Efectivamente, existe un riesgo significativo de que esta división del "Estado Mayor Central" pueda terminar en una persecución entre las dos facciones, lo que podría generar un aumento de las confrontaciones", agregó Preciado.
Inquietudes Jurídicas
Existen serios interrogantes jurídicos que se ciernen sobre la intención de Gustavo Petro de desmantelar el Clan del Golfo y otros grupos armados que no tienen carácter político. "La paz urbana depende de lo que suceda con la ley de sometimiento, que, tal como van las cosas, parece estar lejos del alcance de este Gobierno. Sin esa ley, los miembros de las bandas no tienen garantías sobre su futuro", señala la FIP.
El problema es que no parece haber voluntad política para presentar una ley de sometimiento en el Congreso, al menos durante esta legislatura, lo que permitiría avanzar en el desmantelamiento de estas organizaciones.
Confianza de la Opinión Pública
Las dudas sobre la utilidad de la "paz total" van en aumento entre los colombianos. "Para la gente es evidente que el equilibrio de poder en las mesas está a favor de los grupos armados y que no hay interés o capacidad para equilibrar esa situación", concluye la FIP, que sostiene que uno de los problemas recurrentes en esta política de paz es la "improvisación, la falta de método y de secuencialidad".
Conclusión
A pesar de algunos avances, la promesa de la "paz total" aún enfrenta importantes desafíos, como la desconexión con la política de seguridad, las dudas jurídicas y los problemas metodológicos. La fragmentación de las disidencias, la falta de voluntad política para aprobar una ley de sometimiento y la creciente desconfianza de la opinión pública complican aún más el camino hacia la paz duradera en Colombia.
