El piloto de una narcolancha que fue inicialmente investigado y luego eximido policialmente por el asesinato de dos guardias civiles en Barbate (Cádiz) en febrero pasado, seguirá en prisión preventiva. La jueza María Eulalia Chanfreut denegó su libertad con un auto donde destaca la gravedad de otros delitos por los que se le sigue investigando, como contrabando y pertenencia a una organización criminal, que podrían conllevar hasta siete años y medio de cárcel. También se refirió a sus antecedentes penales, como una condena de seis meses de prisión suspendida en septiembre de 2022 con la condición de no delinquir durante dos años.
Primer Informe de la Guardia Civil
El informe de la Guardia Civil, remitido el 7 de mayo al juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Barbate, descarta que los seis encarcelados fueran responsables de la muerte de los dos agentes. Apunta a otra embarcación de alta velocidad con tres personas no identificadas como la verdadera responsable del abordaje y descarta la participación de los investigados en el asesinato.
Declaraciones de los Acusados
En sus declaraciones ante la jueza, los seis detenidos negaron su participación y señalaron a otra embarcación como causante del suceso. Uno de ellos, Mustafá C., afirmó conocer al piloto de la narcolancha que atacó a los agentes, a quien identificó como Khaled, y aseguró que tanto él como los demás ocupantes, cuatro en total, eran marroquíes.
Penas por los Otros Delitos
La Fiscalía Antidroga, en su petición de ingreso en prisión el 12 de febrero, señaló que los investigados estaban en una embarcación con eslora y potencia superiores a las establecidas por el Real Decreto de 2018. Este decreto persigue el uso de grandes embarcaciones neumáticas y semirrígidas en el tráfico de drogas, y su simple tenencia en esas condiciones se considera delito de contrabando.
La Fiscalía también indicó que este tipo de embarcaciones se utilizan habitualmente en la zona para el tráfico de drogas o personas migrantes, o para suministrar gasolina a otras embarcaciones. Los seis investigados no tenían capacidad económica para adquirir y mantener una embarcación como la que ocupaban, lo que llevó al ministerio público a considerarlos "al servicio de organizaciones criminales" y a investigarlos por pertenencia a organización o grupo criminal.
Las penas por contrabando oscilan entre tres y cinco años de prisión, mientras que las de pertenencia a organización criminal o grupo delictivo conllevan de dos a cinco años para organizaciones criminales y de seis meses a dos años para grupos criminales.
Investigación Continúa
Las diligencias por esta causa continúan. El pasado viernes declararon algunos de los guardias civiles que ocupaban la zodiac de la Guardia Civil atacada por la narcolancha. También se ha abierto una nueva causa tras recibir una denuncia de la AUGC por las condiciones laborales de los guardias civiles que participaron en el operativo. La asociación pide investigar a los responsables de organizar el operativo y depurar responsabilidades, alegando que los medios de los que disponían los agentes eran "notoriamente insuficientes e inadecuados" para enfrentarse a las narcolanchas y a personas muy peligrosas.
