Investigación Judicial

El juez Peinado amplía la investigación del 'Caso Begoña Gómez' citando a directivos de Telefónica y Google, buscando esclarecer la relación con la UCM.

La jueza Capuchetti reasume la investigación del atentado contra Cristina Kirchner y ordena investigar la actuación de la Policía Federal.

El exasesor de Ábalos, Koldo García, está siendo investigado por presunta violencia de género. Su defensa niega las acusaciones.

La expareja de Jésica Cirio se niega a entregar las claves de sus cajas fuertes, complicando la investigación judicial en curso.

A pesar del rechazo judicial, el juez Peinado insiste en investigar la relación entre Begoña Gómez y el rescate de Air Europa.

La jueza cita a declarar a responsables por la DANA en Valencia que causó 225 muertes. ¿Qué están investigando y quiénes están involucrados?

Salomé Pradas, exconsejera valenciana, es investigada por su gestión durante las inundaciones de 2024. Se analiza la tardanza en alertas y coordinación.

El líder del PP condiciona el futuro de Mazón a la investigación judicial de la dana, aumentando la presión interna en el partido.

El juez solicita información a Ineco y Tragsatec sobre la contratación de la pareja de Ábalos, tras su declaración de no haber trabajado.

El Ministerio Público pide imputar al economista que defendió al novio de Ayuso por fraude fiscal, complicando la investigación.

El presidente Javier Milei es investigado por promover la criptomoneda $LIBRA. Se le acusa de agiotaje tras el aumento de su valor.

Félix Bolaños testificará el 16 de abril sobre la contratación de Cristina Álvarez, en la investigación contra Begoña Gómez.

Amigo de la denunciante no recuerda nada raro, mientras amiga revela detalles de la agresión. La investigación se centra en el consentimiento.

El Presidente Javier Milei ha sido imputado por posibles delitos relacionados con el escándalo de la criptomoneda $LIBRA. La investigación analiza abuso de autoridad, tráfico de influencias, estafa y cohecho, y también involucra a otras cinco personas.

Hace un año, un incendio arrasó un edificio en Valencia dejando diez muertos. Hoy, no hay cambios ni responsables, y la investigación judicial avanza lentamente.

La jueza investiga si hubo más autoridades en el Cecopi durante la DANA, tras la omisión de la Generalitat sobre la presencia de Carlos Mazón.

Un juzgado de Cádiz investiga el fraccionamiento de contratos menores sanitarios en la provincia, sumando 235 millones, similar al caso de Sevilla. Podemos Andalucía denuncia irregularidades.

El juez que investiga al fiscal general cita a declarar a Pilar Sánchez Acera y Francesc Vallès, figuras clave en el caso de la filtración del correo del abogado de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presenta un recurso contra las diligencias judiciales de la jueza Biedma, acusándola de extender una "pátina de culpabilidad" sobre su labor profesional en la Diputación de Badajoz.

La investigación del 'caso FP' se acelera con la citación de tres investigados: un exalto cargo de la Comunidad de Madrid y dos funcionarios. La jueza investiga el presunto fraccionamiento ilegal de más de tres millones de euros en contratos menores para reformar centros educativos.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, declara como investigado por la filtración de un correo electrónico confidencial. El caso ha generado dudas sobre la independencia y la imparcialidad del sistema judicial español.

La Junta andaluza extiende por seis meses adjudicaciones directas a hospitales privados para cirugías, pese a que este sistema está bajo investigación judicial por posibles irregularidades.

El juez encargado de investigar los contratos de emergencia sanitaria de la Junta de Andalucía ha rechazado archivar la causa, mientras que desestima extender las pesquisas a las contrataciones provinciales.

Una noticia falsa publicada por El Confidencial desencadenó una investigación judicial contra Podemos, que duró más de tres años y terminó archivada. El partido denunció que se trató de un caso de "lawfare", es decir, de uso estratégico del derecho para perseguir a oponentes políticos.