Cómo una noticia falsa provocó la apertura de una investigación judicial y mediática contra Podemos
En febrero de 2021, el medio digital El Confidencial publicó una noticia que aseguraba que la entonces ministra de Igualdad, Irene Montero, utilizaba a una alto cargo de su Ministerio como niñera para cuidar a su hija. La noticia generó un gran revuelo mediático, que en los siguientes meses se tradujo en una investigación judicial que acabó archivándose en diciembre de 2023. Esta es la historia de cómo una noticia falsa provocó una macrocausa que tuvo en vilo a Podemos durante más de tres años.
El origen de la noticia
La noticia de El Confidencial se basaba en un informe remitido al juez Juan José Escalonilla por una abogada de Podemos, José Manuel Calvente, que había sido despedido del partido. En el informe, Calvente denunciaba que se estaban utilizando recursos públicos para beneficio personal de Montero y del entonces vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias.
El juez Escalonilla abrió una investigación y, sólo un día después de que Calvente declarara ante él, dictó un auto en el que imputaba a Podemos y a tres de sus cargos relevantes: el tesorero Daniel de Frutos, la gerente Rocío Val y el colaborador de Iglesias, Juan Manuel del Olmo.
La investigación judicial
La investigación judicial se prolongó durante más de tres años y se abrieron hasta seis líneas de investigación diferentes. Sin embargo, ninguna de ellas dio resultados concluyentes y todas acabaron siendo archivadas.
En un primer momento, el juez Escalonilla investigó si se habían pagado servicios de consultoría a una empresa mexicana, Neurona, por labores inexistentes. Sin embargo, esta línea de investigación se cerró cuando se comprobó que Neurona sí había prestado servicios a Podemos.
El juez también investigó si se había utilizado una empresa de abogados de Sevilla para blanquear dinero procedente de Venezuela. Sin embargo, esta línea de investigación también se cerró al no encontrarse pruebas que lo sustentaran.
Finalmente, el juez investigó si se habían utilizado fondos públicos para pagar los gastos personales de Iglesias y Montero. Sin embargo, esta línea de investigación también se cerró al no encontrarse pruebas que lo sustentaran.
El impacto mediático
La investigación judicial tuvo un gran impacto mediático, que perjudicó enormemente a Podemos. Los medios de comunicación se hicieron eco de cada imputación y de cada nueva línea de investigación, lo que generó una percepción de que el partido estaba implicado en graves delitos.
Esto provocó que Podemos tuviera dificultades para colocar sus mensajes en la agenda mediática y que se viera obligado a dedicar gran parte de sus esfuerzos a defenderse de las acusaciones.
El archivo de la causa
Finalmente, en diciembre de 2023, el juez Escalonilla archivó la causa al considerar que no había pruebas de que se hubiera cometido ningún delito. El archivo de la causa supuso un alivio para Podemos, que pudo cerrar un capítulo muy duro de su historia.
El "lawfare"
Podemos ha denunciado en varias ocasiones que la investigación judicial contra el partido fue un ejemplo de "lawfare", es decir, de uso estratégico del derecho para perseguir a oponentes políticos.
Según Podemos, la investigación judicial se basó en acusaciones falsas y se utilizó para desprestigiar al partido y perjudicar su imagen pública.
Conclusión
La investigación judicial contra Podemos fue un caso de "lawfare" que tuvo como objetivo desprestigiar al partido y perjudicar su imagen pública. La investigación se basó en acusaciones falsas y se prolongó durante más de tres años, lo que generó un gran daño a Podemos.
El archivo de la causa supuso un alivio para Podemos, que pudo cerrar un capítulo muy duro de su historia.
